Ya no se puede ir tirando

Ni el escenario actual ni el que, previsiblemente, tendremos en los próximos meses y años, permiten mantener la estrategia del “ir tirando”, tan propia de los poderes públicos y de las administraciones a su cargo en épocas anteriores. Nadie sabe cómo hacer funcionar las estructuras de decisión e implementación de las políticas públicas, sin recurrir al incrementalismo como aceite que engrasaba contradicciones y suplía la falta de información adecuada para poder decidir con criterios de eficiencia. La maquinaria administrativa aparece ahora más como obstáculo que como instrumento para afrontar los dilemas del cambio de época. Y ello es grave, puesto que socava la credibilidad de lo público. Ya que mucha gente confunde la necesidad de afrontar colectivamente los problemas comunes (lo genuinamente público) con lo que serían tareas específicas de las instituciones y administraciones públicas.

El funcionamiento de las administraciones públicas nunca se ha basado en estrictos criterios de eficiencia y de racionalidad económica. Y por mucho que los adalides de la “Nueva Gestión Pública” se esforzaran en ello desde la época de Thatcher y Reagan, los avances en esa línea han sido modestos. Es verdad que se ha ido incorporando una cierta preocupación por la relación coste-resultado, pero ha sido más retórica que real, y se ha aplicado más a proveedores externos que a la propia administración. Los que claman para que las administraciones funcionen de manera tan eficiente como lo hacen las empresas mercantiles (sic), no son conscientes de las radicales diferencias entre una y otra esfera de intervención. Ya que si bien en ambos casos se lidia con objetivos, recursos y personas, la diferencia relevante es que las administraciones públicas no escogen el sector o el ámbito en el que intervienen por razones de expectativa de negocio, sino por obligación legal, y que las restricciones que implica gestionar con dinero de todos exige cautelas para nada evidentes en el sector mercantil. Pero, si bien todo ello es cierto, no debería ser obstáculo para que las administraciones cambiaran sus formas de funcionar cuando todo estalla a su alrededor. Y esa exigencia es aún mayor cuando nada hace suponer que vuelvan las “buenas épocas” en que cada año aumentaba el presupuesto.

En efecto, frente al clásico paradigma del decisor racional que parte de la clara determinación de objetivos y de una específica información sobre los efectos de cada decisión, las administraciones públicas han tendido a funcionar de otra manera. Todo es demasiado complicado para poder encontrar una única forma de justificar lo que se hace. Mientras en la esfera mercantil, simplificando, todo se reduce a la cuenta de resultados, en las administraciones públicas has de combinar criterios de legalidad, de equidad, de eficiencia y de legitimidad política. Y bien puede ocurrir que los resultados de tu gestión hayan sido magníficos, pero que si no te has gastado el presupuesto que tenías, te tachen de mal gestor. Como decía Lindblom, lo que permite “ir tirando” o “salir del paso” no es ni la racionalidad económica ni el “presupuesto base 0”, sino el acuerdo basado en que los otros no discutan lo que yo hago y yo tampoco discutiré lo que hacen otros, siempre que todos subamos nuestra asignación presupuestaria, aunque sólo sea un poco. Cuando ello no es posible, queda el recorte del gasto aplicando el incrementalismo al revés (decrementalismo). Todo consiste en no hacerse demasiado daño, y cortar a todos más o menos lo mismo, para no tener que discutir prioridades. El problema es que el decrementalismo sin prioridades no hay quién lo resista un año tras otro cuando las posibilidades de que las cosas mejoren son mínimas. Estamos ahí. Artur Mas califica la situación de “emergencia” y de “supervivencia”. Pero busca salida en una flexibilización del déficit. Viajamos con las “luces cortas”. Nadie pone las “largas”. No podemos “seguir tirando”, ni con incrementalismo ni con decrementalismo. Tenemos que discutir como replanteamos funciones, tareas y formatos de funcionamiento de las administraciones públicas. Protejamos personas y lugares de trabajo, pero no maneras de hacer, rigideces y sistemas de operar que no tienen futuro alguno y que van a conducir a que perdamos todos. No es un problema técnico ni de expertos. Es un tema esencialmente político.

Artur Mas califica la situación de “emergencia” y de “supervivencia”. Pero busca salida en una flexibilización del déficit.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.