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medio ambiente

Furtivos agazapados en el río

Una flotilla pirata captura angulas en el bajo Guadalquivir.

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a la pesca y comercialización de este alevín

PP e IU presionan contra la moratoria que protege a este especie en peligro crítico

Embarcaciones empleadas por los furtivos en el bajo Guadalquivir. Ver fotogalería
Embarcaciones empleadas por los furtivos en el bajo Guadalquivir.

No debería estar ahí. Y, sin embargo, una flotilla pirata sigue fondeada en el bajo Guadalquivir, a tiro de piedra de Doñana y a una hora en coche de Sevilla. Tienen los cascos herrumbrosos, sí. Pero las artes verdes y negras están impecables y listas para pescar. En los municipios sevillanos de Lebrija e Isla Mayor reconocen en voz baja que un grupo de furtivos se ampara en la noche para lanzar las redes al agua desde esas precarias embarcaciones. Buscan un preciado y escaso botín: las angulas, el alevín de la anguila europea.

"Antes había tela de angulas", recuerda Manuel Ruiz. "Pero el kilo se pagaba a 600 pesetas". Esos mismos mil gramos se venden ahora por entre 400 y 800 euros. Ruiz, de 63 años, nunca consiguió tanto con sus capturas. Se dedicó durante años a la pesca de angulas y camarones, pero con cedazo y desde la orilla. De aquello hace tres décadas, el mismo tiempo que lleva detrás de la barra de su bar, Las Marismas, en Lebrija.

Además de dispararse el precio del alevín de la anguila, en los últimos 30 años han cambiado las artes de pesca. Ahora son mucho más agresivas y dañan a otras especies. En el bajo Guadalquivir se ha instalado esa oxidada flotilla con unas enormes y tupidas redes que los furtivos dejan sumergidas durante toda la marea, unas seis horas.

El ‘blanqueo’ de las especies protegidas

La Guardia Civil y los servicios de inspección pesquera de la Junta ya han actuado en varias ocasiones contra los pescadores furtivos de angulas. Ya hay expedientes, multas y condenas. Pero faltaba una segunda fase: actuar contra los que comercializan con esta especie protegida. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha dado ese paso. El instituto armado ha informado este domingo de la desarticulación de una red dedicada a "legalizar" la venta de angulas capturadas ilegalmente en Isla Mayor (Sevilla). La operación comenzó en diciembre de 2012. Al Seprona de Sevilla le habían alertado de este comercio ilegal en el bajo Guadalquivir. Los agentes encontraron hace cuatro meses una furgoneta que transportaba 25 kilos de angulas vivas sin "poder acreditar su legal procedencia". Posteriormente, el Seprona localizó una empresa de Isla Mayor dedicada a la comercialización del cangrejo rojo, angulas y camarones. Los agentes organizaron un registro. Cuando los guardias entraron en la nave, los dueños intentaron deshacerse de las angulas tirándolas por una arqueta que conduce a un canal de riego. Pero no dio tiempo a que se perdieran. Los agentes se incautaron de más de 100 kilos de alevines de anguila vivos, cuyo coste en el mercado rondaría los 50.000 euros, según fuentes de la Guardia Civil.

Once pescadores y tres administradores de la empresa han sido imputados de los delitos contra la flora y fauna silvestre y de contrabando con especies protegidas. Según las mismas fuentes, para blanquear el origen ilícito de las angulas y anguilas, los propietarios de la empresa simulaban que los ejemplares procedían de Valencia y País Vasco, donde esta especie está también protegida, aunque se permiten capturas controladas. Los furtivos no solo provocan daños a la angula. Los últimos 16 kilómetros del río están declarados reserva pesquera, al ser una zona a la que acuden los alevines de muchas de las especies que, cuando maduran, se pescan en el golfo de Cádiz.

El problema está en las redes de los riacheros: tienen una luz de malla muy pequeña (de un milímetro), lo que provoca que queden atrapados alevines de sardinas, boquerones, lubinas o lenguados.

La pesca de esta especie —en peligro crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— está totalmente prohibida en Andalucía desde noviembre de 2010. El declive de la anguila, motivado por varios factores, entre los que está la sobrepesca, hizo que la Unión Europea instase a sus socios a aprobar planes de protección en 2008. En España, una docena de comunidades los han elaborado. Andalucía, con los informes científicos en la mano, optó por la decisión más dura: vetó totalmente las capturas hace dos años y medio.

Pese a la moratoria, los furtivos siguen actuando en el Guadalquivir. Así lo ha constatado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes, tras meses de trabajo, han conseguido terminar con una red, formada por furtivos y empresarios, dedicada a la pesca y comercialización de esta especie. En la operación, que arrancó en diciembre, han sido imputados 11 riacheros y tres administradores de la empresa de Isla Mayor que comercializaba con las angulas ilegales. Se les acusa de delitos contra la flora y fauna silvestre y de contrabando de especies amenazadas.

Solo en el tramo del río que discurre entre los términos municipales de Isla Mayor y Lebrija había el pasado jueves unas 30 embarcaciones fondeadas. Llamarlas así, embarcaciones, es bastante generoso. "Artefactos flotantes" es la denominación elegida por las Administraciones para estos barcos sin folio ni matrícula.

El Gobierno y la Junta de Andalucía se comprometieron en noviembre de 2011 a adoptar "las medidas necesarias para proceder a la retirada, almacenamiento y custodia" de los artefactos "dedicados a la pesca ilegal de la anguila". Un año y cinco meses después, allí siguen. Pedro Brufao, de la asociación conservacionista Ríos con Vida, no comprende que "no se actúe con firmeza contra una lacra furtiva organizada". "Es frustrante", resume Brufao, que lleva años elaborando quejas, escritos e informes sobre este asunto.

El protocolo para la retirada de los barcos no se ha aplicado. Y el debate, al menos el político, ha virado en las últimas semanas hacia otros lugares. El PP ha pedido en el Parlamento andaluz que se levante la "moratoria injusta y descompensada" aprobada por la Junta en el anterior mandato y que prohíbe la pesca de esta especie durante una década. IU también ha sembrado dudas sobre el veto. "La moratoria se debe levantar si está avalada por criterios razonables", precisa Inmaculada Nieto, diputada de IU.

Nieto participó hace un par de semanas en la comisión parlamentaria donde se abordó este asunto. El debate, en el que estaban los tres grupos con representación en la Cámara, se cerró sin una conclusión común.

Tras la comisión, los responsables gaditanos de PP e IU emprendieron una competición, vía comunicado de prensa, por ver qué partido apoya más a los riacheros de Trebujena, un municipio de Cádiz donde esta actividad tiene también mucha raigambre. El popular José Manuel Martínez Malia acusó a IU de "traicionar" a los pescadores por no apoyar la proposición que presentó el PP para "la regularización de la actividad de los riacheros en Trebujena". IU respondió que los populares solo estaban buscando "titulares de prensa y no soluciones para los riacheros".

El próximo viernes está previsto que se celebre una reunión técnica en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. "No", responde Javier Madrid cuando se le interroga sobre si la Junta se está planteando suprimir la moratoria. "Mientras los estudios digan que una especie está en un umbral crítico no se levantará una prohibición", añade el director de Gestión del Medio Natural de la Junta.

PP e IU, que defienden el empleo que se podría generar si se regulariza esta actividad, han sembrado de dudas el informe, elaborado por la Universidad de Córdoba, que desencadenó la moratoria. En ese estudio, dirigido por el investigador Carlos Fernández-Delgado, se recordaba que en la temporada 1982-1983 se llegaron a capturar 40.000 kilos de angulas en el Guadalquivir. En 2008, se redujeron a 300.

"Hay gente de la comunidad científica que no comparte la interpretación de los datos que llevaron a la moratoria", sostiene Nieto. Sin embargo, ni esta parlamentaria ni el exalcalde de Trebujena Manuel Cárdenas (IU), defensor también de los riacheros, facilitan el nombre y apellido de alguno de esos expertos supuestamente contrarios a la prohibición de la pesca de esta especie en peligro crítico.

"No tengo ningún informe en sentido contrario", indica Javier Madrid, quien defiende el trabajo realizado por Carlos Fernández-Delgado. "Es un estudio riguroso y científico", añade el director general de Gestión del Medio Natural, quien percibe en este debate una "falta de seriedad".

En la reunión del viernes, Fernández- Delgado, doctor en Biología, volverá a explicar a los alcaldes de la zona y los representantes de los pescadores la metodología y los resultados de sus investigaciones. "Los datos salen de diez años de muestreos, recogidos entre los meses octubre y mayo de cada año", explica. "Tenemos una información absolutamente sólida", añade este investigador. "Me ofrezco a ir al Parlamento a enseñarles los datos", concluye este investigador.

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