Barcos furtivos pescan angula mientras las instituciones pelean

La pesca de la angula está prohibida durante una década en Andalucía. Pero una flotilla de barcos furtivos se está saltando en el bajo Guadalquivir esta moratoria, que la Junta andaluza empezó a aplicar en noviembre debido al descenso alarmante del número de ejemplares. Una veintena de embarcaciones continúan fondeadas en el río con sus tupidas redes preparadas para capturar este preciado botín (un kilo se vende por entre 400 y 800 euros). Los barcos no cuentan con documentación ni folio, por lo que los Gobiernos regional y autónomo discrepan sobre quién debe retirar estos "artefactos flotantes".

La angula -el alevín de la anguila europea (Anguilla anguilla)- entró en barrena hace tres décadas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la incluyó en 2008 en la categoría de "en peligro crítico" después de constatar que las capturas de angulas habían caído más de un 95% entre 1980 y 2000. En España se ha seguido la misma tendencia. En el Guadalquivir, por ejemplo, se ha pasado de los 40.000 kilos que se capturaron en la temporada 1982-1983 a los 300 del año pasado. Los datos los ha recopilado el equipo de Carlos Fernández-Delgado, del grupo de investigación Aphanius del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba. Él es el encargado del plan de recuperación de la angula en Andalucía.

Andalucía ha prohibido durante 10 años la captura de este alevín

Todas las comunidades autónomas en las que se ha detectado la presencia de esta especie han tenido que aprobar planes de recuperación, como se establece en el reglamento 1100/2007 del Consejo Europeo. En total, hay en España 12 programas, que contemplan la reducción de la pesca. Andalucía ha sido la más restrictiva al decretar la prohibición durante una década. Pero la moratoria no se está cumpliendo, como denunció a principios de marzo la asociación conservacionista Ríos con Vida. Esta organización remitió un escrito a la Junta en el que se denuncia que "a plena luz del día" los barcos siguen pescando y "arrasan los caladeros del bajo Guadalquivir". Los guardas del parque de Doñana también han denunciado a los furtivos.

Tras las denuncias, la Consejería de Agricultura y Pesca y el Seprona se han incautado de nueve artes de pesca. Se trata de redes con una luz de malla muy pequeña, lo que provoca que queden atrapados alevines de otras especies como sardinas, boquerones, lubinas y lenguados. Según Fernández-Delgado, por cada kilo de angulas caen entre 10 y 20 de inmaduros de otras especies.

El Seprona ha conseguido identificar ya a los propietarios de cinco embarcaciones, que disponían de matrícula. Pero, como reconoció ayer la Guardia Civil, el problema de fondo son las embarcaciones indocumentadas. Los furtivos dejan las redes caladas, abandonan los barcos y no vuelven hasta pasadas las horas.

La Consejería de Agricultura considera que, al tratarse de "artefactos flotantes" sin documentación, no es competencia suya la retirada y desmantelamiento. El 28 de marzo, la dirección general de Pesca y Acuicultura de la Junta pidió a la Capitanía Marítima de Sevilla (Ministerio de Fomento) que desmantelase estas embarcaciones. La Junta envió esta petición tras las quejas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que alertó de que las embarcaciones impiden el tráfico de mercantes.

Capitanía Marítima señaló ayer a este periódico que la ubicación de estos artefactos "no supone peligro alguno para la navegación" y, por lo tanto, no es su competencia "proceder a su retirada". La Autoridad Portuaria también negó ayer que sea de su competencia la eliminación de estos barcos, que están fondeados en el tramo final del río.

Los últimos 16,5 kilómetros están declarados zona de reserva pesquera. Allí acuden los alevines de muchas de las especies que, cuando maduran, se pescan en el golfo de Cádiz. El furtivismo no solo repercute en la reducción de angulas. También afecta a otras especies, como ha constatado la inspección de la Junta, que ha encontrado atrapados en las redes de los riacheros inmaduros de lenguado de solo cuatro centímetros y corvinas de nueve.

También hay defensores de los riacheros. IU ha pedido a la Comisión Europea que valore el impacto social que tendrá para la economía local la moratoria andaluza. Esta formación, que gobierna en Trebujena (Cádiz), con tradición angulera, considera que la Junta se ha excedido. IU apuesta por una reducción de las capturas, pero no por la prohibición total durante 10 años.