El Síndic de Comptes cuestiona la gestión de residuos en los municipios valencianos

La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador del sector público valenciano, cuestiona los sistemas que utilizan establecidos por los municipios para gestionar los residuos. El tono neutro que el Síndic suele emplear en sus informes no oculta las múltiples disfunciones que ha detectado.

El órgano considera que debería establecerse un tributo para toda la comunidad autónoma, parecido al canon que existe para financiar el saneamiento de aguas, y que sustituya al sistema actual en el que cada municipio “determina cómo gravar al contribuyente para financiar el servicio de tratamiento y la necesidad de residuos”. Para lograr “no solo una mayor efectividad, sino también más equidad en el pago que realizan los ciudadanos por la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos es necesario que las distintas áreas de gestión dispongan de una ordenanza que contenga los mismos criterios de pago”. Es decir, en estos momentos cada Ayuntamiento impone los criterios que considera adecuados para sostener el servicio, lo que da lugar a desigualdades.

El Síndic considera también “necesario” que exista un plan “integral actualizado y aprobado” para llevar a cabo la gestión de los residuos, cosa que hoy no ocurre. También echa en falta una integración entre municipios de las distintas áreas de gestión para el tratamiento y eliminación de residuos: “Es preciso que las áreas de gestión estén operativas y con las instalaciones necesarias”. En el lenguaje de la Sindicatura, ello significa que al menos parte de las áreas de gestión ni están operativas ni cuentan con los medios necesarios para cumplir sus funciones. Tampoco existe un sistema homogéneo que permita “obtener información económica procedente de las áreas gestoras”, lo que impide, da a entender, “que pueda efectuarse una adecuada planificación”.

El Síndic apuesta finalmente por distinguir en la tasa según se trate del servicio de recogida o tratamiento y eliminación “para que el ciudadano sea consciente de lo que paga”.