Una tarjeta sanitaria llena de obstáculos

La Generalitat ha anunciado con solemnidad que garantizará la atención sanitaria “a todos los ciudadanos que viven en Cataluña”. El consejero de Salud, Boi Ruiz, dijo que dejaría sin aplicación el real decreto del Gobierno central que priva de la atención a los extranjeros sin permiso de residencia. Aunque la consejería defendió el acceso “universal” a la salud, ni los farragosos trámites ni la misma norma lo garantizan. El nuevo sistema, aunque extiende la atención a colectivos excluidos, establece varios grupos de ciudadanos, unos con más derechos que otros. A cuatro días de la entrada en vigor, quedan aspectos esenciales sin concretar.

Un primer problema es que Salud no ha podido enviar unas 10.000 tarjetas —de un total de 110.000— a extranjeros empadronados en Cataluña cuya dirección actual “no consta”. El departamento les ha mandado una carta sin ninguna seguridad de que la vayan a recibir. La Generalitat sí ha enviado las tarjetas a 100.000 extranjeros en situación irregular con domicilio fijo que llevan más de tres meses empadronados, explicó ayer una portavoz. Es la condición para poder acceder al sistema más allá de las urgencias, que sí están garantizadas a todos. La norma aprobada por la Generalitat que modifica el real decreto por el que los extranjeros sin residencia pierden su condición de beneficiarios del sistema entra en vigor el próximo lunes 1 de abril.

Una comisión revisará la asistencia hospitalaria a ‘sin papeles’ con menos de un año en el padrón

La Generalitat ha tenido que revisar la situación de unos 600.000 ciudadanos que carecían de la condición de beneficiarios de la sanidad pública al no constar como asegurados. De estos, unos 200.000 son extranjeros sin papeles. Entre ellos, 89.000 son menores que sí tienen garantizado el acceso según la norma estatal. La norma catalana pone varias trabas, la más importante que los extranjeros no empadronados no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. “Se establecen unos filtros que rompen la igualdad de acceso”, denunció Josep Vendrell, diputado de ICV.

El nuevo sistema establece varios grupos con distintos derechos. Los asegurados —aquellos que hayan cotizado a la Seguridad Social— y sus familiares directos seguirán igual. En un segundo grupo con acceso completo están las embarazas, los extranjeros menores de 18 años y las víctimas de trata o solicitantes de asilo. Para un último grupo, el acceso depende del empadronamiento. Para recibir la tarjeta que permite la atención más allá de las urgencias, la persona debe llevar más de tres meses empadronada, pero ni en este caso tendrá asegurada la atención especializada. Hasta que no se cumpla un año, será una comisión territorial la que valorará cada caso según unos criterios que Salud todavía no ha establecido, a cuatro días de la entrada en vigor. “No se conocen”, reconoció la misma portavoz.

En este primer nivel de atención —“el I”—, se garantiza la atención primaria, la urgente y los programas de vacunaciones, drogodependencias y VIH, entre otros. Los que lleven más de un año empadronados podrán recibir atención especializada.

Salud aún no ha definido criterios clave del sistema, que entra en vigor el lunes

Los colectivos que trabajan con inmigrantes denuncian las dificultades que algunos ayuntamientos ponen para empadronar a los extranjeros. “Cada vez son más los problemas”, criticó Montse Pineda, del Comité 1º de diciembre. El comité ha creado un observatorio para detectar casos de personas a las que se niega la atención o situaciones no amparadas por la norma. “En algunos ambulatorios se están emitiendo facturas a extranjeros sin papeles”, afirmó Pineda, a pesar de que hasta el 31 de marzo la atención está garantizada en las mismas condiciones que antes. “Es sorprendente, pero se están aplicando ya las restricciones”, dice Vendrell.

“El requisito de los tres meses de empadronamiento no evita el turismo sanitario y solo retrasa la atención”, criticó la exconsejera de Salud por el PSC y diputada en el Parlament, Marina Geli, que aboga que la Generalitat modifique la norma para garantizar la “universalidad efectiva”. Para ello sería necesario “que el empadronamiento sea universal y otorgue inmediatamente la tarjeta”.

ICV ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament en la que pide que se elimine este plazo de tres meses. Los ecosocialistas también quieren que los ayuntamientos “garanticen que los inmigrantes sin domicilio fijo o en otras situaciones” se puedan empadronar, como ya ocurre en Barcelona.