“Sí podemos”

La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha procedido hoy a la presentación de unos escritos por parte de ocho afectados en los juzgados de Egia. Este colectivo ha alegado que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminada el pasado 14 de marzo, en la cual se expresó que las medidas reguladoras de procesos de desahucio españolas son contrarias a la legislación europea, los desalojos a los que se pretenden proceder responden a una legislación que “infringe la normativa comunitaria” y es por tanto “ilegal”.

Los afectados que han sufrido las consecuencias de este proceso en su propia piel por una ley que califican de “abusiva” han podido presentar este martes, en el Registro de Documentos del Palacio de Justicia de San Sebastián, que se declare la nulidad de los procedimientos que se están tramitando en estos momentos.

Estos escritos que se ofrecen en los propios juzgados, están basados en los escritos el modelo redactado por los abogados de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), a raíz de la sentencia europea del pasado día 14. En el texto que han presentado los afectados se indica que “se anulen todos los procedimientos que se están tramitando” o en todo caso que se suspendan para no realizar ningún movimiento que responda a una normativa ilegal.

También han recordado, que precisamente para ello se está tramitando en estos momentos en el Parlamento, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta iniciativa está promovida por la PAH, mediante la cual un millón y medio de personas han propuesto una reforma de la normativa para dar respuesta a la situación de emergencia. Lo que PAH pretende con esta propuesta es reclamar unas medidas de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías que quedan en manos de los bancos.

A voz en grito y bajo el lema “sí podemos”, ha sido mucha la gente que se ha concentrado hoy en los juzgados de San Sebastián para mostrar el apoyo a las víctimas de esta ley, que conculca con la sentencia dictada por el Tribunal Europeo desde 1993. Rosa García, portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Gipuzkoa, ha aclarado, que mediante esta sentencia se violan los “derechos fundamentales de las personas a una vivienda digna” y que se basa en la indefensión de las personas afectadas generando una condena perpetua de la deuda hipotecaria.

Por otro lado, y debido a la presión ejercida por estos colectivos y por la sociedad, se ha conseguido aplazar una subasta extrajudicial prevista para hoy en Vitoria. Esto permitirá a la familia seguir viviendo en su piso hasta que se resuelva el caso en los tribunales.

Por su parte, en Bizkaia, el Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido poner en marcha una iniciativa que ofrecerá asistencia jurídica gratuita a aquellas familias que se encuentren en riesgo de desahucio. También ha decidido unirse con el Fondo Social de Viviendas para ofrecer a estas personas pisos en alquiler.

Amaya Rojas, concejal de Acción Social y para la Igualdad, Cooperación y Drogodependencia, ha dado a conocer estas medidas a los grupos políticos municipales en una de las reuniones periódicas del grupo de trabajo técnico-político creado para frenar los desahucios en Bizkaia.