El plan privatizador de la sanidad madrileña, a examen constitucional

El plan privatizador de la sanidad que defiende el Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) va a someterse a examen constitucional. El PSOE tiene previsto presentar hoy un recurso ante el Alto Tribunal frente a la intención del Ejecutivo que preside Ignacio González de privatizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud. Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo estudia varias peticiones, tanto de partidos políticos (UPyD) como de colectivos profesionales sanitarios —entre ellos, Afem, asociación impulsora de la marea blanca, y el sindicato médico Amyts— que le han pedido que presente en su nombre un recurso de inconstitucionalidad.

El plan privatizador de Madrid está recogido en la ley 8/2012, aprobada el 28 de diciembre pasado gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea. La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas —también conocida también ley escoba porque se aprovecha para modificar varias leyes de una tacada sin pasar por la tramitación ordinaria— de 2013 faculta al Servicio Madrileño de Salud para “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales inaugurados en 2008. Se trata del mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España y supone que la atención de cerca de 1,5 millones de madrileños pase a manos de empresas.

El recurso que hoy presenta el PSOE basa parte de su argumentación en un informe jurídico de 56 páginas encargado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) al bufete López Rodó & Cruz Ferrer. Afem, uno de los colectivos más activos en la marea blanca de protesta contra la privatización de la gestión sanitaria, entregó la semana pasada una copia de ese informe a los portavoces de Sanidad de la Asamblea, el Congreso y el Senado, a la ministra de Sanidad, al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo. Están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, y las comunidades.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha recibido de Amyts, el sindicato médico más representativo de la región, una carta de adhesión a la petición de Afem. El portavoz de sanidad de IU en Madrid, Rubén Bejarano, confirmó ayer que también su partido tiene previsto pedir a Becerril que lleve el asunto al Tribunal Constitucional. Una portavoz de la Defensora afirmó ayer que “está estudiando” las solicitudes y que agotará el plazo, que termina el próximo lunes —el 28 se cumplen tres meses de la entrada en vigor de la norma, pero al ser festivo se traslada al 1 de abril—, para tomar una decisión.

El informe jurídico ha sido costeado gracias a una campaña de donaciones que inició Afem y que está a punto de llegar a su objetivo: 180.000 euros. Parte del dinero procede del día de “no huelga” que se organizó el 12 de febrero pasado, en el que Afem invitaba a los sanitarios a donar el salario que perderían haciendo huelga “para la defensa jurídica de la sanidad pública”.

La ley autonómica vulnera, según el informe jurídico de Afem, varios artículos de la Constitución Española. Entre ellos, el 88, porque no motiva su objetivo. También los artículos 41 y 43, que tratan del régimen de la Seguridad Social y del derecho a la protección de la salud. Finalmente, se vulnerarían las normas básicas sobre contratación administrativa (149.1.18) al habilitar al Servicio Madrileño de Salud para celebrar contratos “cuyo debido cumplimiento no puede controlar”. El informe denuncia, entre otras cosas, que el Gobierno regional carece de estudios económicos que justifiquen el ahorro de la privatización. También la creación de dos sistemas paralelos en la prestación sanitaria: el de los hospitales públicos, con un presupuesto asignado y que trabajan en red, y el de los privados, cuya retribución se basa en mantener a los pacientes que tienen asignados y que son penalizados si les remiten a otros centros.

El portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, destacó ayer que, pese a que hay otras experiencias de concesión de gestión sanitaria (Valencia), esta es la primera vez que se recurre al Constitucional.