La Agencia Catalana del Agua restringe el uso de las desalinizadoras

El uso de las dos desalinizadoras catalanas, en Tordera y El Prat, quedará reducido a la mínima expresión. El Gobierno catalán ha decidido restringir la explotación de ambas instalaciones, cuyo alto coste de funcionamiento provoca que el precio de su agua triplique el de la que se extrae de la cuenca del río Ter, a situaciones de escasez del agua. Así, por ejemplo, solo se pondrán en marcha cuando el nivel medio de los embalses baje del 75% (actualmente era del 80%) de su capacidad, mientras que no trabajarán al máximo de su potencia hasta que estos estén por debajo del 25% (ahora es el 60%).

Fuentes del Departamento de Territorio aseguraron que no se han variado las condiciones de uso, ya que son las mismas planteadas en mayo de 2012, en el marco del proceso de privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Acciona ganó el concurso, si bien la Generalitat está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decida si suspende o no la adjudicación, a raíz de un dictamen del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que ponía en entredicho el concurso.

Menores costes

La medida fue aprobada por el Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat, un nuevo organismo constituido ayer con el objetivo de erigirse en el ente de vigilancia sobre la concesionaria, aprobar inversiones y, previsiblemente, controlar las tarifas. En su primera reunión, los miembros que representan a la Generalitat consiguieron sacar adelante la normativa con tres únicas abstenciones (sobre un total de 11 votos), formuladas por los representantes socialistas vinculados al área metropolitana de Barcelona y a la Federación Catalana de Municipios.

Fuentes del sector explicaron que la decisión adoptada por el consejo abaratará los costes de gestión de la adjudicataria de ATLL, la compañía Acciona, y puede provocar una sobreexplotación del caudal del río Ter, el más económico del sistema. Ese abaratamiento, sin embargo, no tendría por qué suponer una rebaja de tarifa para la concesionaria, fijada de antemano en la oferta con la que se impuso en el concurso. Justo en esa dirección se encaminaba una de las denuncias de Agbar en pleno proceso, cuando sostenía que Acciona había ganado el concurso con una oferta tarifaria que era inviable desde la perspectiva financiera.