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La Universidad de Alcalá, condenada a pagar 31 millones a la Comunidad

El Supremo obliga al centro a devolver al Ivima el coste de una residencia de estudiantes

El Tribunal Supremo ha condenado a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) a pagar 31 millones de euros al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) por la construcción de su residencia de estudiantes a principios de los noventa. La sentencia revoca un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado la razón en 2011 a la cisneriana por prescripción de la deuda. La institución universitaria alega que el convenio de edificación del complejo no fue ratificado por su consejo social — órgano que aúna a sindicatos, estudiantes, profesores, miembros del rectorado y del Gobierno regional— y que, por tanto, no es válido y no tiene que pagar. El vicerrector de Coordinación y Comunicación, Santiago Fernández, asegura que la universidad recurrirá ante el Constitucional.

El conflicto se remonta a 1991, cuando la universidad y el Ivima, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmaron un acuerdo para levantar la residencia estudiantil con capacidad para 300 viviendas en el campus externo, en el que se ubican la mayoría de las facultades. Según este documento, el 25% del coste se dividía entre la Comunidad y el Ministerio de Obras Públicas, mientras que el resto debía aportarlo la universidad alcalaína: 14,2 millones de euros, a los que ahora se añaden otros 16,8 millones más en intereses.

Además de la falta de ratificación por parte del consejo social, la institución universitaria asegura que la Comunidad “no suscribió el contrato de entrega de las viviendas y no justificó la cantidad requerida”. Pero el fallo del Supremo rebate estos argumentos y considera que la firma del rector, máxima autoridad de la universidad, hace innecesaria la confirmación del consejo social. Argumenta también que la residencia se entregó en buenas condiciones, porque, de hecho, la UAH está haciendo uso de ella. La universidad no ha podido especificar cuántas habitaciones están ahora mismo ocupadas, pero algunos bloques parecen estar vacíos y semiabandonados.

El complejo se compone de habitaciones individuales y dobles, amuebladas, con teléfono, aparcamiento y terraza solárium, especifican en la web de Crusa, la empresa que gestiona la ciudad universitaria y que pertenece al 100% a la UAH. Los alquileres van desde los 298 euros hasta los 499 mensuales. El convenio también incluía la construcción de locales para la lavandería, que pueden usar los estudiantes, aunque la mayor parte de ellos están hoy en desuso. Permanecen abiertas las aulas de estudio, un restaurante y un estanco, pero el bar que solía ser el punto de encuentro y otros establecimientos cerraron sus puertas el año pasado.

A pesar del litigio, ambas instituciones aseguran que su relación es “serena” y basada en el “entendimiento”. Un portavoz de la Comunidad recalca incluso que el Gobierno regional y la cisneriana están en negociaciones para acordar una manera de pagar la deuda que convenga a las dos partes. Este mismo portavoz mantiene que el Ivima quiere consensuar con la institución universitaria el modo de cobrar los 31 millones sin que esto afecte a la vida académica. El presupuesto de la UAH este año es de 147 millones. La cantidad requerida, por tanto, equivaldría casi a una quinta parte de sus fondos para 2013.

El vicerrector de Coordinación y Comunicación alega, además, que existe otra demanda, esta vez en sentido inverso, por la que la universidad reclama “una cantidad algo inferior a 31 millones de euros en concepto de infraestructuras”. Fernández apunta que la sentencia de este otro conflicto legal está a punto de ser dictada y aventura que ambos organismos podrían llegar a un acuerdo si el fallo favorece al centro universitario.

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