Euskadi acuerda con el Estado dos leyes estatales y tres vascas que evitan el TC

El Gobierno vasco ha acordado con el Estado dos leyes estatales y tres vascas que han evitado que se presenten recursos para dirimir conflictos entre ambas administraciones en el Tribunal Constitucional. Los acuerdos se han alcanzado sobre las leyes estatales de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo y el Real Decreto-Ley en materia de salud, así como en las leyes vascas de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, dopaje en el deporte y cajas de ahorro de Euskadi.

Otras leyes todavía se encuentran en proceso de negociación, y en concreto, persisten "las discrepancias" en torno a la supresión de la paga extra a empleados públicos en diciembre 2012 y en la regulación de horarios comerciales.

Tras las reuniones de las comisiones bilaterales de Cooperación entre el Estado y Euskadi se han solventado "los conflictos" en torno a cinco leyes, dos estatales y tres vascas, "evitando, así, acudir al Tribunal Constitucional para que dirima los conflictos entre ambas administraciones", según ha explicado la Administración vasca. Las reuniones se celebraron en enero y en febrero entre los grupos de trabajo puestos en marcha a raíz de la creación de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ambas partes han llegado a un acuerdo en torno al Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo.

De esta forma, el Estado reconoce que las normas de estabilidad presupuestaria que atañen a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) "deben someterse a un acuerdo previo de la Comisión Mixta del Concierto".

Asimismo, se ha llegado a un consenso respecto al Real Decreto-ley 16/2012 en materia de Salud, con el que se ha llegado a una solución en la diferencia de criterio que existía. De esta forma, el Estado reconoce que Osakidetza tiene la capacidad de decidir sobre los términos y procedimientos de integración de las plantillas del antiguo personal procedente de la sanidad local.

En cuanto a la Ley vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, se ha acordado que, "en aras a proteger y evitar sufrimiento añadido", la Norma "ampare a las personas que se encuentran en el proceso de cambiar su condición identitaria de género", aunque no hayan modificado aún su sexo en el registro civil. No obstante, la documentación administrativa que se genere "no tendrá efectos plenos".

Desacuerdo sobre los Presupuestos de 2012 y 2013 por invasión de competencias

El consenso alcanzado en torno a la Ley Vasca contra el Dopaje se refiere a "los controles antidopaje en las competiciones oficiales" que estarán sujetos a una planificación conjunta con la agencia española. También se ha llegado un acuerdo en lo que se refiere a la Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi, de forma que las fundaciones de carácter especial, en lo que respecta a la materia de crédito y banca, deber acompasarse con la legislación básica del Estado". Asimismo, se ha coincidido "en la potestad sancionadora autonómica, en la necesidad de ajustar la proporcionalidad en la representatividad de las personas físicas y jurídicas impositoras, y de la duración de los mandatos de los miembros de los órganos rectores".

Por su parte, se mantiene abierta la negociación en torno a conflictos de interpretación de otras tres leyes: una estatal y dos vascas. Se trata, en concreto, del Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Las discrepancias persisten en torno a la supresión de la paga extra de los empleados públicos en diciembre de 2012 y a la regulación en materia de comercio y horarios comerciales.

También se negocia sobre la Ley vasca de ordenación del Sistema de Seguridad Pública. El debate se centra en torno a la capacidad normativa vasca en materia de seguridad privada.

Asímimo, se mantienen conversaciones sobre Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria. El Gobierno de Iñigo Urkullu defiende la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de EPSV y trata de evitar "que el Gobierno español los asimile en estructura a los Fondos de Pensiones".

En lo que no se ha producido un acuerdo es sobre las leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2012 y 2013 y, por ello, tal como aprobó y anunció ayer por el Consejo del Gobierno vasco, se recurrirán lo que se consideran "invasiones competenciales" en cuatro ámbitos.

De esta forma, el Ejecutivo vasco destaca que el Gobierno del PP "prohíbe a la Administraciones públicas el pago de retribuciones diferidas a sus empleados públicos mediante aportaciones a sus EPSV", lo que el Gabinete de Iñigo Urkullu considera "una intromisión que vulnera la capacidad de fijar su propia política retributiva".

También rechaza que el Gobierno del PP marque a las administraciones públicas los sectores concretos en los que es posible la incorporación de efectivos para reponer las plantillas de personal, al estimar que se trata de "una intromisión que vulnera la capacidad de autoorganización".

En cuanto al hecho de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy realice "reservas de crédito" para el Servicio Público de Empleo Estatal como, por ejemplo, para el Programa de los 400 euros de ayudas a parados que han agotado el desempleo, cree que éste lo debiera gestionar Lanbide, "pero el Estado retiene esos fondos e impide la actuación".

Asimismo, el Ejecutivo autonómico cree que el central "vuelve a suspender en 2013 la financiación al sistema de dependencia", al considerar que "debe dejar de intervenir en la dependencia para que lo hagan las instituciones vascas competentes".