En alerta por los “agricultores de sofá”

El Consejo de Ministros de la UE puede cerrar la próxima semana la nueva Política Agraria Común (PAC), unas siglas donde Andalucía es la región europea que más se juega con 2.000 millones anuales en ayudas comunitarias, casi la mitad de toda la ficha financiera española. La moderada satisfacción inicial por el mantenimiento del nivel de subvenciones se ha tornado, una vez conocida la letra pequeña, en un pesimismo cada vez menos disimulado entre los agricultores de la comunidad.

Aunque se mantenga el presupuesto anual, el dinero que llegará ya no será el mismo. Primero porque habrá que repartirlo entre más perceptores y hectáreas agrícolas y, segundo, porque el establecimiento de una tasa plana o reparto lineal desincentiva a los agricultores profesionales y estimula a los que Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA, llama "agricultores de sofá".

El propio consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, ha destacado la necesidad de "un reparto de ayudas directas limitado a la superficie verdaderamente agraria, que reconozca la especificidad de nuestra agricultura, las diferencias de potencial productivo, de empleo y nuestra apuesta por las producciones sostenibles". Una declaración de intenciones que sintoniza con el clamor que hay entre el sector agrario para que, una vez establecido el marco general por la Unión Europea, se le dé a cada país flexibilidad para el reparto en función de la especificidad de territorios y cultivos.

De momento, parece determinante conocer cuál será la línea de corte de Bruselas del número de hectáreas que tendrán asignadas derechos de pago para el periodo 2014-2020. La horquilla oscilará entre los 17 millones que ahora tienen derechos históricos a un máximo de 38 millones, aunque España baraja dejar la cifra en 22 millones.

En la actualidad son 280.000 los agricultores andaluces que reciben ayudas y 5,9 millones de hectáreas, la mayoría en pastos y en olivar. Pero la superficie con derecho a ayudas se ha incrementado en 1,2 millones en los últimos tres años, mientras que el número de perceptores ha aumentado en 65.732 desde el año 2006, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

¿A qué se debe ese incremento? Para Agustín Rodríguez, de UPA, "se ha producido un efecto llamada ante la nueva PAC", un sistema que, a su juicio, va dirigido a desincentivar a "los agricultores y premiar a los no productivos, que podrán tener ayudas con solo dejar su tierra como erial". Y José Pliego, responsable del grupo del olivar del PSOE de Jaén, considera un "disparate" las subvenciones recibidas el último año por firmas como Zumavesa (10 millones), Pastas Gallo (7,4) Casa de Alba (3), Nestlé (2,7) o Mercadona (2,6).

"Sería inaceptable un reparto de ayudas indiscriminado que supusiera el trasvase de fondos de los profesionales agrarios a los propietarios de la tierra ajenos al sector", se dice desde la COAG, que plantea que se establezca un tope máximo de 100.000 euros por perceptor, para que las ayudas vayan a los agricultores en activo y "no a aquellos titulares de explotación que se mantienen en el agro con fines especulativos". Asaja, en cambio, cree que es preciso esperar a ver dónde fija Bruselas los techos y suelos mínimos y máximos para conocer el impacto de la reforma.

Otro motivo para la decepción entre los agricultores andaluces es la ausencia de medidas de gestión de mercados en el diseño de la nueva PAC. "Se necesitan mecanismos para frenar los abusos de la gran distribución", indica el secretario de la UPA, para quien, a tenor del contenido del documento, "la reforma está diseñada para favorecer a las grandes corporaciones que recurren a las importaciones de terceros países". Esta laguna tiene gran repercusión en cultivos como el olivar, donde el 60% de la renta de los olivareros llega vía precio del aceite y el 40% restante a través de las ayudas.

En la provincia de Jaén que, con 420 millones de ayudas anuales, recibe el 10% del sobre nacional, la incidencia de la reforma puede ser determinante. El PSOE estima que se perderían unos 800 millones en los próximos siete años, eso en una provincia donde el 20% de la riqueza llega del sector oleícola. Y en comarcas de sierra, como Cazorla, Segura, Mágina o El Condado, el olivar tradicional estaría abocado a su desaparición sin las ayudas comunitarias.

El olivar parece, por tanto, el cultivo más perjudicado por la reforma europea. Pero no todo el olivar. Producir un kilo de olivar de secano tiene un coste de 2,40 euros, mientras que un kilo de olivar intensivo cuesta 1,60 euros. "Unos con las ayudas apenas obtienen beneficios, y otros ya ganan incluso sin ayudas", argumenta el socialista José Pliego para alertar de los efectos nocivos que tendría para Jaén un reparto lineal de las ayudas.

Las organizaciones agrarias demandan, pues, una flexibilidad en el reparto de las subvenciones. "Necesitamos un traje a medida para cada territorio y cultivo", indica Agustín Rodríguez, de UPA; "no se puede permitir el trasvase de ayudas de unos territorios a otros", remarca Juan Luis Ávila, de COAG, que pide al Gobierno que se trate esta reforma como un problema de Estado. Si el Consejo de Ministros no modifica los términos del documento, las organizaciones agrarias andaluzas preparan movilizaciones a la vuelta de Semana Santa.