La fiscalía denuncia a Alperi por delito fiscal y falsedad documental

Al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se le acumulan las causas pendientes con la Justicia. El actual diputado autonómico del PP, imputado también en el caso Brugal por tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada, se enfrenta a una denuncia de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana por dos supuestos delitos, fraude fiscal y falsedad en documento público, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ).

El origen de la denuncia es un informe de la Agencia Tributaria que desvela que Alperi ocultó al fisco ingresos por un valor cercano a los dos millones de euros y un fraude en las declaraciones de la renta de 2007, 2008 y 2009 de otros 700.000 euros. La inspección de la Agencia Tributaria empezó a investigar al detectar un fraude anual superior a los 120.000 euros. La causa todavía no ha sido registrada y no se ha asignado el juez instructor de la Sala de lo Civil y de lo Penal.

Alperi no quiso hacer valoraciones. “Desconozco el tema, y no hago declaraciones a periodistas”, se  limitó a comentar por teléfono a EL PAÍS.

La Agencia Tributaria destapa la existencia de dos operaciones que habrían supuesto la obtención de rentas no declaradas. En la primera de ellas, la sociedad Taller de Contabilidad, SA, pagó una deuda tributaria contraida por Alperi por valor de 942.678 euros en noviembre de 2007, y una vez pagada “ni la empresa, ni ningún otro acreedor reclama el pago de la misma”. La segunda operación consistió en la compra de un yate por parte de Alperi a través de la mercantil Andarx Busines, SL, en la que “una parte sustancial de la compra del barco fue satisfecha por un tercero”. Alperi, supuestamente, compró el barco en 2008 para su uso y disfrute personal por 852.945 euros, pero solo pagó 150.000 euros obtenidos de la venta de un antiguo yate. El resto lo habría “pagado en una parte y financiado en otra Antonio Solana”, y según el informe, “la estrategia de ocultación fue crear la apariencia de que la propiedad del barco era compartida por Alperi y Solana” a través de la sociedad Andarx, en la que los dos participaban.

Solana es un conocido y antiguo promotor inmobiliario de Alicante al que Alperi colocó hace diez años de presidente del Alicante Club de Fútbol. Estos son los casi dos millones de euros de dudosa justificación fiscal. Los presuntos ingresos injustificados de patrimonio rondaron el millón de euros en 2007, un año antes de dejar la alcaldía, y otros 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010.

Pero, además, la mercantil Andarx sirvió al exalcalde en 2010 para facturar ingresos de su actividad profesional privada “que deberían declararse como ingresos de actividad económica a efectos de IRPF”. La Agencia Tributaria estima que Alperi supuestamente habría defraudado en su declaración de la Renta del año 2007 la cantidad de 405.351 euros, en 2008 otros 144.862 y 132.468 euros en 2010. En total otros 682.681 euros. La Agencia Tributaria afirma en su informe que “los hechos descubiertos evidencian el carácter doloso de la conducta del obligado tributario (Díaz Alperi) ya que de manera consciente y voluntaria presentó las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007, 2008 y 2010 falseadas”

La inspección concluye que el exalcalde presentó “de manera consciente y voluntaria” las declaraciones de IRPF de esos tres años sin incluir “la totalidad de las rentas obtenidas y utilizando mecanismos de ocultación, imponiendo sociedades que ocultan al verdadero perceptor de las rentas y utilizando contratos disimulados para defraudar a Hacienda y eludir el pago de cuotas impositivas”, según el escrito firmado por del delegado de la Agencia Tributaria.

El servicio jurídico analizó las principales fuentes de ingreso de Alperi: el Ayuntamiento de Alicante, como alcalde en 2007 y 2008, las Cortes Valencianas, de la que es diputado, y varias retribuciones como miembro del Consejo de Administración de varias empresas.

Tras la denuncia de fiscal, ahora falta conocer el juez instructor de esta causa, y si decide relacionarla con el caso Brugal, que instruye la misma sala del TSJ. El actual diputado autonómico del PP también está imputado, junto a la actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El caso Brugal intenta determinar si los políticos del PP habría facilitado información privilegiada al promotor sobre el PGOU de Alicante a cambio de regalos o prebendas.