El fiscal investiga una adjudicación de 80 millones de Crespo a un empresario afín

El diputado de CiU Xavier Crespo no solo favoreció, presuntamente, los intereses de un empresario ruso. En su etapa como alcalde de Lloret de Mar (Selva), también cuidó de empresarios locales. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras del municipio a la empresa GBI Serveis por 80 millones de euros. GBI está dirigida por Gustavo Buesa, un hombre afín a CiU que, según distintas fuentes, ha mantenido relaciones profesionales con dirigentes de la federación nacionalista.

En su declaración como imputado del pasado martes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Crespo admitió que conoce a Buesa “desde muchos años antes de ser alcalde”, pero defendió que la concesión del servicio de basuras por el plazo de 10 años se hizo “dentro de la más estricta legalidad”. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo preguntó al diputado sobre las retribuciones que percibió uno de sus hijos por parte de la empresa GBI Serveis. Un informe elaborado por la Agencia Tributaria ha destapado que el hijo de Crespo figuró como “empleado” de GBI y cobró un total de 4.694 euros de Buesa entre 2009 y 2010. Según fuentes de la investigación, trabajó dos veranos en las oficinas de la empresa en Platja d’Aro (Baix Empordà).

El fiscal sospecha que el vástago no fue el único pariente beneficiado por los pagos de GBI, que emplea a 375 personas y en 2011 facturó casi 24 millones de euros. Según su tesis, el interventor del Ayuntamiento de Lloret, Carles Arbó, fue el encargado de fiscalizar el contrato. Sus hijos y su nuera, según fuentes judiciales, también han trabajado para GBI.

Anticorrupción posee algunos indicios para sostener que la concesión se hizo de forma irregular. Algunas condiciones del contrato apuntan en esa dirección, según fuentes judiciales; por ejemplo, “se decía que las maquinarias las iba a aportar el Consistorio”, según el interrogatorio del fiscal. Lo más significativo, sin embargo, es que la concesión se impulsó “en un procedimiento urgente”, añadió el fiscal.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó la concesión del servicio de basuras a GBI en abril de 2011 con los votos favorables de CiU, PP y PSC. Aunque el contrato preveía una prórroga de hasta dos años, el equipo de Gobierno decidió tramitarlo de urgencia y a solo un mes de las elecciones municipales, en un pleno extraordinario. La urgencia del trámite soliviantó a ERC e ICV, que no entendían la premura para aprobar “la adjudicación más importante” del Ayuntamiento, en palabras del concejal ecosocialista Antoni García. El contrato, ocho millones anuales durante 10 años, comprende desde la limpieza de las playas hasta la limpieza de las calles y la recogida y la selección de residuos.

“Ha sido un proceso con poca publicidad, poco abierto y ha faltado competencia”, criticó Jordi Orobitg, concejal de ERC entonces en la oposición y que ahora forma parte del Gobierno. Al concurso solo se había presentado una empresa, GBI, la misma que llevaba gestionando el servicio desde el año 1995, según refleja el acta del pleno del 13 de abril, el último para tratar temas municipales antes de las elecciones. Y eso, a pesar de que el servicio dado por la empresa presentaba “graves fallos”. Lo había puesto de manifiesto un informe de la Diputación de Barcelona, citado por Orobitg, que recalcaba que el gasto corriente por habitante del Ayuntamiento de Lloret en el servicio de recogida de basuras era un 458% más alto que la media de municipios estudiados. El gasto por cada 1.000 kilos gestionados era hasta un 900% mayor.

La oposición criticó también que se sacaran a concurso “todos los servicios” de manera conjunta en un megacontrato y que el pliego de cláusulas del concurso no favorecía los intereses del Ayuntamiento. La respuesta de CiU fue que así se favorecía la “economía de escala”.

La Agencia Tributaria también ha destapado que Crespo desvió decenas de miles de euros a las islas Caimán —consideradas un paraíso fiscal— en febrero de 2002; o sea, antes de convertirse en alcalde. La fiscalía ignora, por ahora, el origen de ese capital, que Crespo remitió como “valores representativos de empréstitos”.

Una adjudicación por vía urgente y en el último pleno antes de las elecciones

Entonces, Crespo presidía el club de hockey local que, junto al equipo de fútbol, fueron beneficiados por los patrocinios de la empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC). Esos patrocinios, junto a algunos regalos y viajes, fueron la contrapartida que pagó Petrov a cambio de recibir trato de favor del Ayuntamiento, según los investigadores.

Crespo, que declaró durante más de cuatro horas ante la magistrada Maria Eugènia Alegret del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de cohecho y prevaricación, negó haber favorecido a Petrov. El Consistorio de Crespo perdonó 133.000 euros en tributos a su empresa por la construcción del centro comercial Els Braus, en la antigua plaza de toros de la localidad. Crespo defendió que se hizo por “interés público” y porque el proyecto iba a “crear empleo en un momento de crisis”.

Crespo declaró que fue Petrov quien se ofreció a patrocinar a los clubes y que él solo sugirió que esos dos equipos eran los más representativos de la ciudad. El diputado negó haber recibido o aceptado “ningún regalo” de Petrov.