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Choque de trenes en el juzgado

Alaya presenta su propuesta de reparto de los casos de los ERE, Mercasevilla y Betis

El TSJA interviene para aliviar los desacuerdos con dos magistrados

Los jueces adscritos al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, Rogelio Reyes, Mercedes Alaya y Ana Rosa Curra. Ampliar foto
Los jueces adscritos al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, Rogelio Reyes, Mercedes Alaya y Ana Rosa Curra.

Las espadas están en alto. El regreso de Mercedes Alaya al juzgado que instruye el caso de los ERE ha sido atormentado. Su fuerte personalidad se ha topado con los dos compañeros magistrados de juzgado. Y el reparto de casos que ha motivado este sonado choque de trenes se despeja este lunes en Sevilla, o si no hay acuerdo mañana en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en Granada.

Ningún juez de instrucción trabaja para otro y todos llevan a gala su autonomía de gestión y criterio. De ahí que esta división de tareas sea tan espinosa. Alaya volvió tras seis meses de baja por enfermedad y comunicó en su juzgado que pretendía acaparar las causas del Betis, Mercasevilla y los ERE fraudulentos, con un magistrado para ayudas puntuales que ella requiriera y otro para instruir los asuntos menores que entraban a diario. Y las guardias, también para ella, a pesar de que su economía familiar no parece necesitar complementos. La negativa de los dos jueces Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes ante este reparto fue tajante. Tanto como la intención de Alaya para aferrarse al timón de unas instrucciones que le han costado sudor y lágrimas, y una enfermedad harto dolorosa.

Sin embargo, por debajo de la discrepancia personal y la lucha de egos subyacen otros factores que elevan varios grados la importancia del reparto. En teoría, la justicia debe ser ecuánime y la instrucción de los casos no debería alterarse porque las decisiones para priorizar líneas de investigación o la prisión preventiva de los imputados estén en manos de un juez u otro. Pero la teoría, en este caso, sirve de poco.

El caso Mercasevilla y el de los ERE, sobre todo, han sido un arma política muy afilada, usada por el Partido Popular contra el Gobierno andaluz, y un gran dolor de cabeza para la Junta y sus dirigentes. Miles de ciudadanos están pendientes del caso más grave de corrupción que los socialistas han afrontado en Andalucía. Alaya ha señalado directamente al presidente José Antonio Griñán y tuvo un choque brutal con el Ejecutivo, al que amenazó para revisar las actas de los Consejos de Gobierno. Pero también el caso Betis tiene en vilo a miles de aficionados, dado que la investigación devino en el embargo de las acciones del expresidente Manuel Ruiz de Lopera, con una fianza récord de 25 millones. Y el club está ahora en manos de administradores judiciales.

Nadie pasa por alto la firmeza y el difícil carácter de Alaya. Su método es llevar al límite la instrucción. Tras rectificar la Audiencia de Sevilla la prisión preventiva dictada para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, reconoció: la prisión incondicional “tampoco debe mantenerse sine die, como desde el inicio era pensamiento de esta instructora”. Mientras, los abogados han censurado el tono, las formas y los argumentos utilizados por Alaya en los interrogatorios. Algunos pidieron que se grabaran para evitar los excesos y salidas de tono. Otros letrados elevaron quejas ante el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes judiciales confían en que la propuesta que presente Alaya hoy satisfaga a sus dos compañeros y ceda parcelas de la investigación para salir del atolladero. Porque el atasco que motivó la llegada de dos jueces de refuerzo, nuevos funcionarios y otra secretaria, no es ninguna ficción. Los recursos de reforma se suelen resolver en tres días, y este juzgado mantiene algunos sin respuesta desde hace casi un año. Y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce fueron imputados por delito societario en mayo de 2010. Casi tres años después, aún están pendientes de declarar para poder defenderse. La pregunta de las fuentes judiciales es obvia: “¿Tantos refuerzos para que estén de brazos cruzados? Son compatibles estos refuerzos para agilizar el juzgado con la independencia y titularidad del órgano”.

Si Alaya se niega a presentar hoy una propuesta para repartir juego, cada juez presentará una opción de división de asuntos al TSJA. La magistrada conserva el as en la manga para retener el grueso de la investigación basándose en una ley que le otorga prioridad, pero como suele ocurrir en Derecho, hay otros argumentos jurídicos que el alto tribunal puede estimar para arrebatarle ciertas causas, como el principio de igualdad de jurisdicción. En cualquier caso, la confluencia de tres jueces en el mismo juzgado acabará este verano, y después es muy probable que el órgano se quede con uno o dos magistrados tras apretar el acelerador esta primavera. Ahora la cuestión es evitar pisotones para apretar los pedales.

Un pequeño ejército para desatascar el juzgado

La plantilla del juzgado que investiga los ERE (250.000 folios de sumario y decenas de recursos pendientes) ha sido reforzada para desatascar este y otros casos. A los cinco tramitadores, tres gestores y dos auxilios como plantilla habitual se le sumaron dos tramitadores y un auxilio que acude ciertas horas al juzgado, según estableció la Junta. Mientras, el Ministerio de Justicia ha nombrado una secretaria de refuerzo por seis meses y el TSJA mantiene dos jueces de adscripción territorial que acompañan a Alaya.

La fiscalía tiene una fiscal adscrita al caso Betis y dos fiscales de Anticorrupción para Mercasevilla y los ERE fraudulentos. La Dirección General de Seguros posee dos peritos que emiten informes de cada ERE investigado para determinar irregularidades como sobrecomisiones e intrusos. La Intervención General conserva dos peritos nombrados hace un año que aún deben emitir su informe sobre los ERE.

Además, la Agencia Tributaria actúa como auxilio jurisdiccional para consultas puntuales que el juzgado plantea a sus técnicos. Finalmente, la Unidad Central Operativa (UCO) lleva el grueso de la investigación policial desde que hace año y medio Alaya arrebató el caso a la policía. Durante la baja de la juez, la investigación ha avanzado y se ha abierto una pieza secreta. “Otra cosa es lo que trasciende a la opinión pública. Como las declaraciones judiciales, que ciertamente son necesarias para avanzar. Pero el trabajo de investigación no ha parado”, subrayan fuentes del caso.

La premura para finalizar la instrucción del caso Betis (iniciada en 2008), el delito societario en Mercasevilla (de 2010, pero muy incipiente) y la venta de suelos de la empresa pública (iniciada en 2010), está justificada. “Hay altos funcionarios de Urbanismo puestos en entredicho”, recuerdan dichas fuentes.