Desencallado el proyecto de agua potable desde el Segarra-Garrigues a 44 pueblos

El Gobierno central y la Generalitat han llegado a un acuerdo para desencallar el proyecto de abastecimiento de agua potable desde el canal Segarra-Garrigues a 44 municipios del Urgell, Segarra, la Conca de Barberà y Anoia que periódicamente tienen problemas de suministro en épocas de sequía. Las obras están presupuestadas en más de 30 millones de euros.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, han mostrado durante una reunión celebrada esta semana en Madrid la voluntad de las dos administraciones de iniciar las obras a finales de este año o a principios de 2014, después de haber pactado nuevos mecanismos de financiación.

El Segarra-Garrigues, que está ejecutando el Ministerio a través de la empresa pública AcuaEbro, tiene como objetivo la transformación en regadío de unas 70.000 hectáreas de Lleida y la mejora de los sistemas de abastecimiento en 44 poblaciones, cuatro de ellas situadas fuera de la demarcación hidráulica del Ebro.

La financiación ha sido precisamente el principal escollo para acometer las obras de la red de abastecimiento, con un coste de más de 30 millones de euros, de los que la mitad procederán de la Unión Europea y los 15 millones restantes los adelantarán el Estado y la Generalitat, aunque no se ha concretado el porcentaje que aportará cada administración, que a la larga recuperarán el dinero a través de las tarifas de los usuarios.

El Estado y la Generalitat firmaron en 2009 un convenio para ejecutar estas obras, que se encallaron cuando se exigió a la Generalitat que avalara los 15 millones de euros. Esta falta de entendimiento puso en peligro la financiación europea si el proyecto no se acometía antes de 2015. Las dos administraciones también mantienen un contencioso por el pago de las obras de regadío del Segarra-Garrigues. El Estado reclama más de 70 millones de euros por el 50 % de la obra ejecutada del canal principal.

El territorio ha reclamado con insistencia la construcción de una red de abastecimiento a los 44 municipios afectados –más de 60.000 habitantes- con captación en el Segarra-Garrigues para resolver definitivamente los problemas de suministro de agua de boca y favorecer el desarrollo económico de esas comarcas.

Este proyecto ha despertado recelos en comunidades de la cuenca del Ebro, que temen que la tubería de unos 50 kilómetros de longitud sea un primer paso para un proyecto de mayor envergadura, como podría ser un trasvase de agua del Segre hacia el área metropolitana de Barcelona.