El fiasco de la venta de CatalunyaBanc deja en el aire a inversores y empleados

El fracaso de la subasta de CatalunyaBanc despeja la duda de la titularidad de la entidad, que seguirá en manos del Estado hasta tres años más. Pero ello plantea ahora no pocos interrogantes. Según fuentes conocedoras del proceso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trazará un plan con todas las alternativas posibles para la que fue la segunda caja catalana, que contemplará varias alternativas, desde dejar que la entidad siga en solitario hasta unificar su actividad comercial con Bankia, lo que podría comprometer la “catalanidad” que quiere preservar la Generalitat. El FROB sí está decidido a aplicar la hoja de ruta fijada por Bruselas para que las entidades que han precisado de ayudas vuelvan a ser viables, lo cual afecta a la plantilla, de 7.197 empleados, y a los cerca de 40.000 compradores de participaciones preferentes.

La cúpula actual del banco, que ha recibido ayudas por 12.050 millones, esperaba que el comprador respetara la marca CatalunyaCaixa, que el FROB coincide en valorar, y el equipo gestor actual. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que todavía no se ha decidido el futuro del equipo encabezado por Adolf Todó. Una de las opciones que se estudian es integrar la entidad en Bankia, aunque de forma que no vulnere los planes de reestructuración de la Comisión Europea.

Homs reclama al FROB que mantenga las “raíces catalanas” del banco

Lo que sí se ha perfilado es el futuro de la estructura de la entidad, que deberá pasar por los planes hechos públicos por Bruselas. CatalunyaBanc deberá replegarse a su “región histórica”, dedicarse solo a los préstamos al por menor y a pequeñas y medianas empresas y reducir plantilla. Así, en diciembre de 2016 la entidad —fruto de la fusión de las antiguas cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa— deberá pasar de tener unos activos de 77.049 millones de euros a unas dimensiones de entre 50.000 y 60.000 millones. Los préstamos a clientes deberán reducirse a la mitad, mientras que la entidad podrá mantener los depósitos.

El ajuste exigido por Bruselas pasa por reducir la plantilla entre 2.200 y 3.200 empleados y cerrar hasta 463 oficinas, por lo que la entidad contará en tres años con la mitad de la capacidad y los trabajadores que tenía cuando se fusionaron las tres antiguas cajas, en junio de 2010. Como consecuencia de todos esos recortes, la entidad mantendrá cuota de mercado en Cataluña en depósitos, pero no en préstamos, pasando del 11% al 5%-10%.

La red de oficinas fuera de Cataluña —en especial en la Comunidad Valenciana y Madrid— que la entidad levantó sobre todo de la época del boom deberá cerrar, aunque la Comisión pide también ajustes en las oficinas catalanas y los servicios centrales. Fuentes de CC OO admitieron el desconcierto entre la plantilla e invitaron al Gobierno central a que aproveche la oportunidad de tener una banca pública y nacionalizada para tratar de reactivar la fluidez del crédito al tejido empresarial.

La Comisión también exige que los tenedores de preferentes y deuda subordinada asuman pérdidas. CatalunyaCaixa esperaba que fuera su nuevo comprador quien asumiera el pago de las participaciones preferentes, y que lo hiciera con condiciones que pudieran resultar atractivas para los clientes. Según fuentes del mercado, los cerca de 40.000 compradores de participaciones preferentes por 480 millones de euros deberán asumir una quita que podría rondar el 40% del capital.

Como en el caso de NCG Banco, Bruselas prevé que los actuales tenedores de preferentes de CatalunyaBanc se conviertan en accionistas. Fuentes cercanas al proceso aseguran, no obstante, que en el caso de CatalunyaBanc queda por saber cómo se dará liquidez a los títulos de la entidad para que los clientes puedan luego venderlos y recuperar parte de su inversión en esos productos financieros de carácter perpetuo. En el caso de Bankia, se aplicará una quita del 39% en las participaciones preferentes en manos de pequeños inversores, que se elevará al 46% para los compradores de deuda subordinada perpetua y del 14% para la deuda subordinada con vencimiento.

De momento, CatalunyaCaixa va resolviendo algunos casos a través del sistema de arbitraje de la Generalitat. La Junta Arbitral de Consumo, dependiente del Departamento de Empresa y Empleo, tiene en proceso 2.116 expedientes para dictar laudos; ha convocado 667 procesos, y finalizado 202 casos, la abrumadora mayoría de los cuales han acabado con un laudo favorable al cliente, según fuentes de la consejería.

Ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó desde Bruselas que “CatalunyaBanc es una es una entidad extremadamente solvente después de la inyección de capital que se le ha hecho, con muchísima liquidez”. “Lógicamente el planteamiento del FROB es que no se puede malvender este tipo de instituciones”, afirmó el ministro, quien añadió que ahora se tratará de “maximizar” el valor de la entidad. El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ayer coincidía con Guindos en que no se podía “malvender” la antigua caja, pero pidió mantener sus “raíces catalanas”.

La Generalitat tiene en marcha 2.116 expedientes por la venta de preferentes

La permanencia de CatalunyaBanc en manos del Estado es, de hecho, un jarro de agua fría a las aspiraciones de la Generalitat para mantener capacidad financiera en Cataluña. El Ejecutivo de Artur Mas alentó a su llegada al Gobierno que La Caixa absorbiera Unnim y Banco Sabadell se fusionara con CatalunyaCaixa. La primera entidad acabó en manos de BBVA, mientras que la segunda quedó muy rezagada en la puja por CatalunyaCaixa, según fuentes del mercado, por lo poco atractiva que resultaba la entidad sin ayudas públicas, aunque también pesó la cartera de 3.000 millones de euros en préstamos pequeños que no se pudo traspasar al banco malo y el hecho de que la entidad que preside Josep Oliu ya se quedara con la antigua red de Caixa Penedès.

Con más de 12.000 millones de capital público en juego, el propósito de Bruselas es que la entidad registre en 2016 unos resultados antes de impuestos de entre 200 y 300 millones de euros. De momento, para taponar la sangría se han realizado unos saneamientos que han acabado por dejar a la entidad con unas pérdidas de 11.000 a 12.000 millones a cierre de 2012.