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Cañete rechaza esperar a Doñana para aprobar el plan del Guadalquivir

La Confederación Hidrográfica no considera necesario el informe del Consejo de Participación, un pronunciamiento preceptivo para el Gobierno andaluz

Estuario del Guadalquivir, al fondo a la derecha, Doñana. Ampliar foto
Estuario del Guadalquivir, al fondo a la derecha, Doñana.

Lo que unos ven innecesario, otros lo consideran imprescindible. La Junta de Andalucía cree que es preceptivo (aunque no sea vinculante) que el Consejo de Participación de Doñana emita un informe sobre la afección a este espacio protegido antes de que se apruebe definitivamente el plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir.

"No es preceptivo", rebate Manuel Romero, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El plan del Guadalquivir se ha convertido en otro frente de disputa entre la Administración central y autónoma. Parecía que este documento, que empezó a tramitarse en 2007 y cuya aprobación lleva más de tres años de retraso, contaba con un cierto grado de consenso entre los dos Gobiernos, el andaluz en manos de PSOE e IU y el central ahora en manos del PP. Pero esa sensación se esfumó en diciembre, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el plan. La Junta de Andalucía, la comunidad donde se localiza el 98% de los usos de esta cuenca, votó en contra, lo que no ha impedido que el departamento de Miguel Arias Cañete siga la tramitación.

Planas insiste en que el litoral cuenta con suelo para 40.000 viviendas

La Junta de Andalucía trata de aplacar las críticas e incertidumbres que han surgido entre el sector empresarial con la revisión del urbanismo del litoral que está acometiendo la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El titular de este departamento, Luis Planas, se ha reunido este lunes en Sevilla con los directivos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Fadeco.

Según la información trasladada por su consejería tras el encuentro, Planas ha informado a los representantes empresariales de que “el plan de protección del corredor litoral de Andalucía permitirá un desarrollo económico equilibrado y sostenible en la costa”. El consejero, según una nota de prensa de Agricultura, ha sostenido que la Junta “en ningún caso pretende paralizar el desarrollo de la costa andaluza, donde actualmente, según datos preliminares, existen unos 30 millones de metros cuadrados en sectores de suelo urbanizable ordenado con plan parcial aprobado dispuesto para su inmediata urbanización, con capacidad para la construcción de unas 40.000 viviendas”.

Este argumento, el de las 40.000 viviendas que se podrían levantar, es el que maneja la Junta para defender la revisión del urbanismo frente a las críticas empresariales. Según Planas, la “nueva norma no va a frenar ni a impedir ninguno de los proyectos ya desarrollados urbanísticamente en la costa andaluza”. Las medidas de paralización afectan a los planes que no se han desarrollado todavía.

Ahora, detalla Romero, solo se está a la espera de que el Consejo de Ministros en una de sus reuniones semanales lo apruebe para que entre en vigor. "En el mes de abril estará publicado", vaticina el presidente de la confederación.

Pero la Consejería de Medio Ambiente ya ha advertido al ministerio de que, según sus servicios jurídicos, el plan "requiere la evaluación sobre las afecciones a Doñana en general y la cantidad y calidad de las aguas en particular". El departamento de Luis Planas entiende que es "evidente" que el desarrollo concreto de este plan de cuenca puede "afectar de manera clara y directa al ámbito del espacio natural", de ahí la necesidad del pronunciamiento del Consejo de Participación. Y ese posicionamiento a través de una votación en este órgano, según la consejería, tendría que emitirse antes de que el Consejo de Ministros apruebe el plan.

"En cinco años podían haber hablado", opina Romero. "La Junta lo que busca es el enfrentamiento", añade el responsable de la CHG. Romero entiende que tras este asunto no hay más que una "confrontación política" por parte de la Junta.

"Hay una ley específica de Doñana que dice que tiene que pasar por el Consejo de Participación", opina Juan José Carmona, de WWF y miembro de este órgano del espacio natural en el que están representados las Administraciones y los agentes sociales. Sin embargo, Carmona cree que si las dos Administraciones fueran del "mismo color político no habría problema".

La Ley 8/1999, que regula esta zona protegida, establece que entre las funciones del Consejo de Participación está la de "informar los planes que afecten a la ordenación y gestión de los recursos naturales del Espacio Natural Doñana y a la conservación de la flora, la fauna y sus hábitat y cualquier instrumento de planificación que afecte al ámbito del mismo". Doñana está en el estuario del Guadalquivir, por lo que las actuaciones del plan de cuenca también le afectan.

La tramitación del plan es ya una carrera contrarreloj. Bruselas ha dado un primer aviso a España por su retraso en la aprobación de los planes de cuenca, que deberían haber estado listos a finales de 2009. Si el retraso se prolonga, llegarán las sanciones. Mientras el ministerio acelera la aprobación del plan, no hay fecha aún para el pronunciamiento formal del Consejo de Participación. Lo que sí hizo a finales de enero la comisión de aguas de este órgano fue manifestar su rechazo al plan del Guadalquivir por mayoría. Ahora restaría que el grupo de trabajo de aguas elabore una propuesta concreta para que sea sometida a votación en el Consejo de Participación.

Este órgano celebra dos reuniones anuales y la próxima sería en junio. Pero en cualquier momento se puede convocar una extraordinaria del consejo o del pleno para votar el dictamen sobre el plan hidrológico.

WWF, al igual que la Junta, ya ha rechazado el plan. Eva Hernández, responsable del programa de aguas de esta organización, sostiene que entre los asuntos que han llevado a WWF a oponerse al plan está que se contemple la ampliación del dragado del Guadalquivir, a pesar de que "se reconoce el impacto" que tendría sobre las masas de aguas. "El dragado es la puntilla", advierte Hernández. Pero WWF también critica que no se establezcan los "caudales ecológicos mínimos" que necesita este espacio natural. "Se ignora a Doñana", añade Hernández.

"El plan beneficia a Doñana", rebate Manuel Romero. "¿Me gustaría conocer qué efectos negativos tiene para Doñana?", pregunta el presidente de la Confederación Hidrográfica.