La crisis que trajo Pokémon

“Nosotros somos la última ficha del dominó, y podemos terminar cayendo, pero de momento hacemos lo posible por no contaminarnos, por evitar que lo que está pasando fuera nos haga daño. Y mientras nadie nos diga nada, intentaremos trabajar para sacar el negocio adelante”. El director del hotel GH de Santiago, Ángel González, asegura que en la plantilla del magnífico edificio de cristal, cerca de 30 personas, nadie sabe que un banco lo ha embargado por impago de las letras, que sobre el inmueble pende una ejecución hipotecaria que llegó a los juzgados de Santiago incluso antes de que estallase la Operación Caballo de Troya.

El GH es una mole hueca, las habitaciones se reparten a los laterales y dejan en el centro un abismo, como un enorme patio de vecinos. La arquitectura parece una metáfora de las actividades liquidadoras por las que el empresario valenciano Ángel de Cabo declaró esta semana en Santiago. La compra de la cadena hotelera GH, con sedes en Lugo, Ourense y la capital de Galicia por cantidades no mayores de dos euros a la familia Martínez Núñez (cuyo patriarca fue investigado en 2000 por un presunto plan para asesinar a Xosé Cuíña) fue la que levantó las sospechas. Supuestamente el objetivo de uno y otros era desvalijar los negocios para declararse insolventes cuando se presentase el concurso de acreedores.

El Caballo de Troya, sin embargo, ha entrado arrasando el pelo de las alfombras en el GH de Lugo. Allí, los socios minoritarios que se encontró De Cabo al llegar son otros, y “alguno de ellos”, según explican desde la CIG, propuso a los trabajadores rescatar el negocio de una peculiar manera: la plantilla debería presentar concurso de acreedores para que los inversores interesados pudiesen optar al hotel y tendría, también, que aceptar un plan de viabilidad que pasaría por una remodelación del edificio (presupuestada en cuatro millones de euros) y un ERE que afectaría al menos a la mitad de los empleados (45, tras los 14 despidos de enero).

La empresa de Lugo se desmorona por momentos. Los trabajadores, a los que la empresa, según el sindicato que los representa, les debe más de tres meses (algunos cobraron en enero 900 euros, y el resto del salario, lo mismo que la reposición de los enseres que consume un hotel, depende del desbloqueo de las cuentas por parte del juez) decidieron en asamblea no pedir el concurso de acreedores. Ante el riesgo de que aquello entre en fase de liquidación, una docena solicitaron en el juzgado la extinción de contrato para poder irse en las mejores condiciones posibles, sin esperar a un desenlace de 20 días por año.

Por su parte, las víctimas de la Operación Pokémon contra la corrupción política en varios Ayuntamientos de Galicia corren suertes diversas. Más que de daños, que también los hay, aquí hay que generalizar hablando de efectos colaterales porque en algunas firmas del entramado empresarial investigado el control judicial ha mejorado las condiciones de trabajo. La cruz de la moneda les ha tocado a los empleados de Sermasa en Santiago, una empresa de conserjería en el proceloso mar de Vendex, cuyos directivos dentro y fuera de Galicia están imputados por comprar supuestamente las concesiones municipales a políticos que se dejaban querer (alguno de ellos, incluso, a sueldo en negro de la compañía). Los trabajadores no cobran desde hace dos meses.

Su salario depende de una rúbrica de la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, o del alcalde, Ángel Currás, pero “ninguno de los dos quiere dar la autorización de pago, porque están imputados”, explica un portavoz de los 55 empleados de pabellones y campos de fútbol, Claudio de la Fuente. Entre la plantilla hay varios casos de matrimonios en los que “ninguno puede llevar dinero a casa”. La edil les prometió en una reunión que la solución sería “inminente”, pero el tiempo corre, las deudas personales apremian y los conserjes, que ya protagonizaron varias protestas, se han dado de plazo hasta este lunes para decidir nuevas acciones.

Mientras tanto, en otras empresas del grupo Vendex (con tal implantación en los Ayuntamientos gallegos que suma un millar de trabajadores, unos 400 en A Coruña, según un representante de la plantilla) la Pokémon les ha sobrevenido “para bien”. “Antes había retrasos, y ahora cobramos puntualmente. Como están vigilados y ya no tienen que repartir sobres [en referencia a los sobornos a políticos] son mucho más rigurosos a la hora de pagar las nóminas”, comenta este trabajador de DOAL (la filial que controla la ORA) en A Coruña. “Tanto estamos mejor ahora que incluso la policía local nos está apoyando [con la ratificación de multas]”.

Sin embargo, en octubre, cuando se desencadenó la Pokémon, saltaron las alarmas porque los trabajadores de Vendex, en toda Galicia, dejaron de cobrar. La empresa no les ingresó el mes hasta que la juez desbloqueó una de las cuentas de la compañía que preside el imputado Gervasio Rolando Rodríguez Acosta. Con sus tres administradores imputados (Manuel Santiso, Demetrio Arias y Jorge Cecchini), el retraso y el posterior desbloqueo se reprodujo asimismo en Cechalva, la empresa de la grúa en Lugo.

El temor a que los casos de corrupción que salieron a la luz quiten las ganas a las diversas Administraciones gallegas de contratar servicios a las empresas en cuestión parece medianamente disipado. Al menos en aquellas latitudes donde los políticos no pasaron por el calabozo. Tanto Marcos Pérez, coordinador para Galicia del sector de carretera en CC OO, como Suso Gómez Botana, portavoz de la plantilla, recuerdan que el Gobierno del popular Carlos Negreira, en A Coruña, licitó hace poco el mantenimiento del Aquarium Finisterrae y del IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos) y se los otorgó a Vendex. “Son contratos multimillonarios, muy jugosos”, describe uno de ellos, “¡todo a lo grande!”.