El BEI concede 200 millones a Luzaro para financiar pymes
La entidad, de la que son socios el Gobierno y Kutxabank, lleva formalizados 550 millones en créditos participativos y otro tipo de ayudas
Luzaro, sociedad de préstamos participativos cuyos socios son el Gobierno vasco, Kutxabank, el Banco de Sabadell, Caja Laboral, Bankoa y la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, va a disponer de 200 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas, según lo aprobado por el banco de inversiones el pasado día 8.
El programa se suma a los que Luzaro ya tienen abiertos con BEI para facilitar financiación a medio y largo plazo a las pymes a través de líneas de créditos concedidas a intermediarios. El convenio de los 200 millones se suma a otro que ya tiene abierto y que estará vigente hasta el 27 de febrero de 2014. Se trata de una línea de financiación de 25 millones para pymes de 250 trabajadores.
La falta de liquidez es uno de los principales problemas de las empresas vascas. De hecho, el Gobierno está acabando de pulir un fondo sobre la base de los ahorros de las EPSV, los fondos de pensiones, para inyectar liquidez al tejido industrial e intentar evitar que se siga destruyendo.
Luzaro lleva formalizados, desde su constitución un total de 550 millones de euros en créditos participativos y otro tipo de ayudas. De hecho, este organismo fue uno de los instrumentos que utilizó el Gobierno de Patxi López cuando lanzó en marzo de 2012, un plan de financiación de 2.180 millones para hacer frente a sus problemas de liquidez, así como abordar inversiones o facilitar la capitalización de los socios.
El grueso de aquel programa tenía el mismo destino que el actual crédito del BEI. Estaba dirigido a las pymes, de hasta 250 trabajadores, y autónomos, con una línea financiera de 1.310 millones a través de avales y créditos. El primer paquete constaba de la concesión de 550 millones para préstamos a través de las sociedades de garantía recíproca Elkargi y Oinarri, que disponían del aval público.
Con esa iniciativa, el Ejecutivo socialista reactivó una iniciativa que ya había puesto en marcha en 2009 para financiar el circulante de las empresas ante la falta de liquidez de las mismas, y que se extendió a 2010.
En el primer ejercicio se aportaron 525 millones, que se materializaron en 2.189 operaciones, y en el segundo, 123 millones que permitieron 722 operaciones. Un porcentaje alto de los mismos se otorgaron en forma de crédito con un plazo máximo de tres años en previsión de que la economía se recuperara en ese periodo.
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