Reflexiones incorrectas

A no ser que para entonces todo el sistema político-institucional se haya desmoronado y nos hallemos en pleno proceso constituyente, a finales de mayo de 2015 deben celebrarse los próximos comicios locales. O sea que, dentro de escasamente dos años, los distintos partidos políticos y/o plataformas independientes tendrían que estar cerrando sus listas respectivas para concurrir en 8.116 municipios del Estado español, 947 de ellos catalanes. Listas destinadas a cubrir 68.285 concejalías y que, por tanto, en convocatorias anteriores han venido movilizando como candidatos a no menos de 200.000 ciudadanos.

Dado el rumbo que toman los acontecimientos, ¿es verosímil que esto vuelva a ocurrir? Sí, por supuesto que siempre existirá, incluso engrosada por las circunstancias, una lunatic fringe de grupos e individuos dispuestos a inscribir siglas y listas por puro testimonialismo, por mesianismo ideológico o por la modesta vanidad de ver sus nombres impresos en unas papeletas. Pero, si pensamos en los partidos que ejercen a día de hoy responsabilidades institucionales, ¿es creíble que puedan persuadir a decenas de miles de personas corrientes, de vecinos honorables, de trabajadores concienzudos o de jubilados con espíritu cívico, para que se dejen adherir una etiqueta política y, eventualmente, asuman luego tareas de gobierno o de oposición en su municipio de residencia?

Examinemos fríamente qué podrán ofrecer esos partidos a aquellos a quienes deseen captar como posibles alcaldes o concejales. En materia de remuneración, y si prevalece la reforma de la Administración local presentada el otro día por el Gobierno Rajoy, apenas nada: sólo un escaso 18% de los ediles tendrán sueldo, en la mayor parte de los casos muy magro y, por tanto, no susceptible de compensar a un profesional liberal, a un funcionario de nivel medio o a un pequeño empresario la renuncia a sus ocupaciones laborales y a los correspondientes emolumentos.

Con la dedicación a la política convertida casi en un estigma, alcaldes y concejales deberán vivir bajo la sombra permanente de la sospecha

En el terreno del prestigio social, la fama y la reputación, la oferta será de menos que nada. Con la dedicación a la política convertida casi en un estigma, alcaldes y concejales deberán vivir bajo la sombra permanente de la sospecha. Eso, en las grandes ciudades donde los munícipes pueden disponer de escolta y coche oficial, es desagradable; en la inmensa mayoría de poblaciones, donde cualquiera se ve capaz de abordarles —y abroncarles— en el bar o en la panadería, llega a resultar insufrible.

Por otra parte, nuestra vida pública local ha experimentado en los últimos lustros un agudo proceso de judicialización. Quiero decir que cualquier colectivo (ecologista, vecinal, político, económico…) discrepante con una decisión del gobierno municipal no ha esperado a las siguientes elecciones para tratar de revertirla en las urnas, sino que ha recurrido a los tribunales, convirtiendo así a decenas de alcaldes en imputados durante años por prevaricación (“dictar una resolución injusta a sabiendas”), circunstancia que equivale a menudo a la muerte política incluso si al final uno resulta exonerado.

Añadamos a esto los efectos deletéreos de la fiebre del ladrillo, los presuntos contagios de la mafia rusa, el clientelismo y el nepotismo tan mediterráneos. Y tendremos que a día de hoy, en Cataluña, un alcalde o concejal es alguien a quien, cualquier mañana, pueden sacar de la cama la Polícia Nacional, la Guardia Civil y hasta el Servicio de Vigilancia Aduanera (ya sólo nos falta ver en acción a la Policía Naval y a la Policía Aérea…) para llevárselo detenido, a lo mejor por orden de un juzgado distante mil quilómetros, que a las pocas horas le imputará y convertirá en un apestado. ¿Quién va a querer dedicarse en el futuro a semejante cometido? Sólo iluminados, friquis, desaprensivos y gentes que quieran conquistar una notoriedad luego comercializable, tipo Olvido Hormigos.

Permítanme redondear esta sarta de incorrecciones con una más. España —según recordaba EL PAÍS el pasado sábado— es un país líder a escala mundial en el pirateo por Internet de películas, música, videojuegos, etcétera, muy bien situado también en el ranking occidental del fraude y la evasión fiscal. ¿Y luego queremos tener una clase política impoluta?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.