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La Junta pide la intervención de la fiscalía en la crisis de Giahsa

El consejo de la mancomunidad de Huelva analiza los informes jurídicos que señalan ilegalidades

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas.julián rojas

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), señaló este martes que algo “no huele bien” en este asunto de Giahsa y conminó a la fiscalía a intervenir. “Espero que el fiscal, al que le corresponda, el de fraude o el de corrupción, intervenga y ponga luz y taquígrafo a un tema que considero está poniendo en peligro a un servicio público como el del agua en la provincia de Huelva”. La reacción de Valderas se produce después de que tres informes hayan señalado la presunta prevaricación e ilegalidad en los procedimientos que han derivado en la privatización de los servicios de agua en pueblos de Huelva. Uno de ellos, firmado por el exletrado del Constitucional Javier Barnes, asegura que “el grado de evidencia de esas ilegalidades —y de la orquestación de ese diseño— es tal que resulta sorprendente”.

El partido del vicepresidente anunció que remitirá un escrito al presidente del consejo de administración de la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, para exigirle que eleve a la fiscalía el informe del jurista que revela como "una operación ilegal" contra Giahsa el abandono de los municipios de la entidad, muchos de ellos del PP o independientes. Además, pedirán en ese escrito que se paralice cualquier proceso de privatización.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, expresó ayer su confianza en que el consejo de administración de la empresa pública “actúe en consecuencia”. “Ellos son lo que tienen que analizar qué validez y qué fuerza tiene ese informe”, remarcó Caraballo, quien recordó que en el Consejo de Administración están representados todos los grupos políticos (PSOE, PP, IU y PA).

Caraballo pidió tranquilidad y criticó al PP por haber adoptado en su día la decisión de “retirarse de la empresa pública poniendo en vilo la supervivencia de la misma”. “Es la hora de sentarnos, de buscar soluciones y de mirar por los trabajadores e intentar que el ciclo integral del agua llegue a todos los pueblos de la provincia”, añadió.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, defendió ayer la salida de Lepe, municipio del que es alcalde, aunque sólo habló de su pueblo y no en nombre del resto de localidades del PP que se marcharon de Giahsa. Manuel Andrés González negó, con todo, que su partido haya orquestado una operación para retirarse de la empresa pública y beneficiar a la empresa privada Aqualia. El alcalde de Lepe recordó que su municipio se salió de Giahsa en 2010 y, aunque la mancomunidad Mas llevó al Ayuntamiento a los tribunales, finalmente los jueces le dieron la razón al equipo de Gobierno. González subrayó que la salida de Lepe no se efectuó por vía de urgencia y que la operación fue fiscalizada. Y atribuyó la marcha de los municipios del PP a los problemas económicos de la mancomunidad: “Si la mancomunidad hubiera tenido una estructura fuerte no habría sido necesaria la salida de los pueblos”.

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