Andalucía renuncia a la guerra de las oposiciones para docentes

Tras dos años de lucha, la Junta de Andalucía renuncia a seguir con la guerra de las oposiciones que ha mantenido con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). La Consejería de Educación ha terminado aceptando las estrictas limitaciones impuestas por el Estado a la hora de reponer las vacantes de profesores.

"La consejería está tomando las decisiones más beneficiosas para consolidar el empleo público en el sector educativo", ha argumentado este jueves el departamento de Mar Moreno a través de un comunicado de prensa.

La última convocatoria de oposiciones (la de 2012) lleva paralizada desde abril en el Tribunal Constitucional. El Ministerio de Hacienda la recurrió al entender que las 2.389 plazas para profesores de secundaria y FP que quería ofertar Andalucía sobrepasaban la tasa de reposición fijada por el Estado, que solo permite cubrir una de cada diez vacantes de docentes. La Junta argumentaba que la legislación le daba suficiente margen para hacerlo y las mantuvo.

Pero esas oposiciones nunca se celebrarán. Tras mantener conversaciones con el Gobierno, la consejería ha decidido ahora "anular" aquella convocatoria y devolver las tasas a los 36.154 aspirantes que se apuntaron a las oposiciones fallidas de 2012.

A cambio, el Gobierno andaluz podría presentar este año una oferta de empleo público menos raquítica de lo previsible, aunque para otro cuerpo de funcionarios docentes, el de maestros de infantil y primaria.

La consejería acumula las plazas no ofertadas el año pasado (que corresponderían a 2011) y las de este. Pero, en ambos casos, aplicando estrictamente la tasa de reposición del 10%.

Finalmente, serán 592 puestos los que ofrezca Educación. De esos, 328 corresponden a 2011 (2.061 menos de los que la Junta decía que podía presentar) y 264 a 2012.

La Junta renuncia así a la argumentación legal que había mantenido hasta ahora, que pasaba por el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se abre la posibilidad de efectuar convocatorias para la consolidación de puestos estructurales que ya estén ocupados por interinos.

Esta cláusula del estatuto del empleado público fue la que presentó Andalucía ante el anterior Gobierno socialista, que estuvo a punto de recurrir las oposiciones en 2011 por entender que se superaba la tasa de reposición, entonces fijada en el 30%. Pero la Junta ganó aquel pulso a la exministra de Economía Elena Salgado, que terminó aceptando los argumentos de la consejería andaluza.

Al año siguiente, el Gobierno andaluz intentó lo mismo. Pero el Ejecutivo del PP no transigió y en abril de 2012 presentó un conflicto positivo de competencias contra la Junta en el Constitucional, lo que provocó la suspensión cautelar de las oposiciones de forma automática.

El camino que ha tomado ahora la consejería es el menos dañino, al menos para los aspirantes. Si la Junta hubiera insistido en presentar una oferta de empleo público elevada basándose en la argumentación de los dos últimos años, es muy probable que el Gobierno volviera a recurrir ante el Constitucional, lo que, de nuevo, hubiera acarreado la suspensión automática de la convocatoria. La Ley del Tribunal Constitucional da esta potestad al Estado.

Pese a lo reducido de la oferta presentada por la consejería, este departamento ha asegurado que todavía debe cerrar un acuerdo con el ministerio, "a fin de que no se produzca ninguna incertidumbre ni recurso sobre la nueva convocatoria".