Un consultor en la sanidad pública

El consejero de Salud, Boi Ruiz, aprovechó una comparecencia en el Parlament en plena canícula y justo antes de las vacaciones, el 28 de julio de 2011, para anunciar una medida que iba a cambiar las reglas del juego en la sanidad pública: los catalanes perdían la garantía de 180 días que, desde 2007, tenían como espera máxima para ser operados de las 14 dolencias más comunes en los hospitales de la red pública, la XHUP. Ruiz recurrió a un eufemismo para presentar la medida —un nuevo modelo de gestión “basado en criterios clínicos”— y se quejó amargamente de la reacción airada que buena parte de la ciudadanía había tenido ante la catarata de recortes adoptados por Salud desde su llegada al cargo, siete meses antes: paralización de siete nuevos hospitales, recorte del 10% del presupuesto, cierre de servicios de urgencias...

“Si quieren que los ciudadanos se calmen, ayúdenme a explicar las cosas”, pidió Ruiz a los diputados de la oposición antes de reprocharles que utilizaran “la demagogia para asustar a los usuarios” de la sanidad pública.

Quienes se hubieran llevado un buen susto, sin embargo, hubieran sido los propios diputados —también muchos de CiU, han admitido varios de ellos— si hubieran tenido acceso a dos documentos que por esas mismas fechas circulaban por los despachos de un reducido núcleo de responsables del Departamento de Salud. Uno de ellos proponía dividir el Instituto Catalán de la salud (ICS) —que gestiona ocho grandes hospitales públicos y cerca de 300 centros de atención primaria (CAP)— en una veintena de empresas, que deberían someterse a las reglas del mercado y serían abiertas al capital privado. El segundo — elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) y publicado ayer por EL PAÍS en su edición digital— propone vender una decena de entidades y empresas públicas y entregar a la gestión privada 18 hospitales y 45 CAP, entre otros centros.

“Es una bomba, el fin de la sanidad pública tal y como la conocemos”, áfirmó el pasado lunes la exconsejera Marina Geli (PSC).

En términos muy parecidos se han manifestado los dos últimos días la práctica totalidad de partidos y sindicatos catalanes. El último en posicionarse fue ayer ERC, que a través de su secretaria general, Marta Rovira, mostró su oposición al proyecto y dejó claro que los republicanos no quieren “privatizar ni un hospital”, informa Alejandra Marly. La Generalitat y CiU, por su parte, han optado por desmarcarse del plan de PWC. El último, ayer, el portavoz del Gobierno catalan, Francesc Homs, que negó que la Generalitat “haya encargado ningún informe” y retó a buscarlo el en DOGC, donde “están los que cuestan más de 3.000 euros”. El texto de PWC recoge, sin embargo, que “este informe se ha realizado (...) para y solo para el Departamento de Salud y según los términos de nuestra carta de contratación”.

Muy parecidas fueron las reacciones en octubre de 2011, cuando también este diario publicó el plan para desmembrar el ICS, cuya división ya ha empezado aunque las empresas hijas siguen siendo enteramente públicas. Pero reacciones aparte, las claves de los dos documentos se esconden en el propio Departamento de Salud y en las posiciones ideológicas que defienden la entrada masiva de capital privado en la sanidad pública. “Domina [en Salud] una aversión casi visceral hacia lo público. Todo lo que suena a funcionarización, a control sobre los gestores, es visto como un obstáculo a la agilidad y autonomía de gestión, defendida como valor supremo”, explica un alto funcionario de Salud. “Y el ICS es el paradigma de todo lo negativo. Los controles previos, cierta rigidez en el gasto.... Todo él es visto como un bunker a demoler”.

Esta es la ideología dominante entre la cúpula de la patronal sanitaria —la Unió Catalana de Hospitals (UCH)— cuyos responsables fueron elegidos por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para dirigir la sanidad pública en tiempos de recortes. Boi Ruiz era la cabeza visible, pero de su mano también llegaron a Salud Roser Fenández —entonces directora general de UCH, ahora secretaria general del departamento— y Josep Maria Padrosa, actual director del CatSalut y proveniente de un potente grupo sociosanitario privado.

A ellos se unió, llegado de Reus, Josep Prat, uno de los hombres más respetados (y temidos) de la sanidad catalana. Máximo responsable de la empresa municipal Innova, Prat fue elegido por Mas como miembro de su consejo asesor y nombrado presidente del ICS. Varias fuentes le consideran el impulsor del plan para desmembrar el ICS, cuya filosofía también impregna el documento de PWC. Prat tuvo que dimitir el pasado julio acorralado por los escándalos sanitarios y está imputado por pagos irregulares desde Reus al exdirector del CatSalut, Carles Manté. Todos ellos representan una forma de entender la gestión pública compatible con el sector privado en lo que son conocidas como “las puertas giratorias”, por las que un directivo del sector privado pasa a ser un alto cargo público que adopta hoy decisiones de calado que benefician a empresas que mañana pueden acabar retribuyéndole.

El consejero Boi Ruiz es un ejemplo de ello. Director general de la UCH hasta 2007, ese año pasó a ocupar la presidencia de la entidad, un cargo no remunerado, según explicó él mismo a este diario el pasado verano. “Quería crear una consultora en la que poder poner en valor todo lo que había aprendido en la UCH”, explicó. Creó junto a su esposa la sociedad Know How Advicers el 25 de noviembre de 2008, año en el que la sociedad ya facturó 30.181 euros, según los datos depositados en el Registro Mercantil. Al año siguiente, los ingresos de la consultora ya fueron de 115.408 euros, cifra que creció hasta 184.578 en 2010, año a finales del cual fue nombrado consejero. En total, Know How Advicers ingresó más de 330.000 euros en los 25 meses que van desde su fundación hasta enero de 2011, cuando según Ruiz la empresa fue dada de baja ante Hacienda.

Ante el calado de las medidas que Salud ha adoptado en los dos últimos años y el innegable impacto para el sector privado que pueden tener las que adopte en el futuro —el plan de PWC, por ejemplo, incluye un listado de las empresas que podrían estar interesadas en el posible plan privatizador—, EL PAÍS solicitó a Ruiz tener acceso a las empresas y entidades públicas para las que había trabajado para comprobar si pudiera existir algún conflicto de intereses, algo a lo que se ha negado. Ruiz se ha limitado, alegando confidencialidad, a dividir sus ingresos en porcentajes según la categoría de sus clientes: 51,70% de instituciones sanitarias privadas españolas, 22,99% empresas sanitarias (mercado internacional), 21,74% otras empresas, consultoras y organismos públicos y un 3,57% docencia.