Imputados otros cinco ex altos cargos de Sant Pau por “contratos ficticios”

La investigación sobre las irregularidades cometidas en la gestión del hospital de Sant Pau toma forma. Diez meses después de que la radióloga Carmen Pérez denunciara el caso, el juez ha imputado a seis personas más por pagos indebidos; la mayoría de ellos, ex altos cargos del centro. Tres de los nuevos imputados son los beneficiarios de las cantidades abonadas por tareas que, presuntamente, no realizaron: el ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez; el expatrono José Ignacio Cuervo y la facultativa Mercè Cruells. El resto de imputados —uno de ellos ya había sido citado a declarar— son los responsables del hospital que firmaron aquellos contratos.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, señala que baraja dos “hipótesis” sobre el caso. Una, que “la contraprestación laboral existiera” realmente. La otra, que no. En este último caso, se trataría de “contratos ficticios” que supusieron “un lucro indebido” para los implicados y un perjuicio económico considerable para los fondos del Sant Pau, como denuncia la Asociación Profesional de Enfermería (API). El juez ve necesario verificar si esos trabajos se realizaron o no y, dado que se trata de dinero público, señala que los exresponsables del hospital pudieron haber cometido un delito de malversación de fondos.

El caso más notorio es el de Ricard Gutiérrez. Apenas trabajó tres años en el hospital (de 2001 a 2004) y sin embargo siguió cobrando su sueldo íntegro durante los siete años siguientes: 140.000 euros. Por si fuera poco, al ser formalmente despedido —lo que ocurrió hace apenas dos años por las presiones de los trabajadores— percibió una indemnización cercana de 158.000 euros. Gutiérrez, en la órbita del PSC, ha ocupado diversos cargos directivos en el ámbito sanitario.

En el frente de los beneficiarios se sitúan otras dos personas. Cuervo, expatrono del hospital de Sant Pau, percibió distintas remuneraciones pese a que la ley catalana de fundaciones le prohibía hacerlo.

Cruells también recibió pagos irregulares, según la denuncia. La mujer había sido directora de Atención Ciudadana del Departamento de Salud en la época de la socialista Marina Geli y fue contratada como “facultativo colaborador” con un salario “superior” al que le correspondía. Según los denunciantes, no desempeñó sus funciones y estuvo ubicada en el Departamento de Comunicación.

 El juez también ha comunicado su condición de imputados —aunque no les ha citado, por ahora, a declarar— a las tres personas que firmaron esos contratos ficticios. Uno de ellos es el exgerente Joaquim Esperalba, que trajo a Ricard Gutiérrez al Sant Pau y se marchó con él en 2004.

Jordi Varela, que fue gerente desde 2007 hasta su destitución en 2012, ya había sido imputado por malversación y, de hecho, prestó declaración ante el juez. El exgerente justificó las retribuciones de los antiguos directivos y patronos. En el caso de Gutiérrez, dijo que percibió un sueldo por un proyecto con la Fundación Doctor Robert para desarrollar una cátedra sobre gestión sanitaria. El proyecto fue “muy provechoso para el hospital”. Sobre Cuervo —que había sido delegado del Gobierno catalán en Madrid— añadió que le contrató seis meses para impulsar un trabajo sobre sanidad.

La investigación judicial no se limita a los cobros de los directivos y abarca a las suministradoras de material y al sobrecoste de las obras

Varela fue destituido de su cargo en marzo del año pasado, cuando la Generalitat detectó un agujero de 30 millones en las cuentas del Sant Pau. Antes de él habían declarado ante el juez dos de los máximos responsables del hospital: Albert Folia, expresidente de una de las tres fundaciones que integran el Sant Pau (la de “gestión” sanitaria) y Josep Lluís Alay, administrador de turno de la fundación “patrimonial”. Ambos negaron cualquier de responsabilidad en los sobresueldos e indemnizaciones. El último de los nuevos imputados es el exresponsable de recursos humanos, Felipe Carbajo.

La estructura jurídica del Sant Pau es, según la API —que ejerce la acusación popular— el pecado original de las irregularidades. El complejo organigrama ha permitido que la “gestora” tenga números rojos mientras la “patrimonial” acumula beneficios. El pasado mayo, el juez encargó una auditoría sobre las fundaciones, en las que están representadas la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Iglesia.

La causa judicial no se limita a los cobros de directivos. El juez investiga también los contratos por 5,1 millones con la multinacional Philips para amueblar el hospital, así como los sobrecostes en la construcción del nuevo Sant Pau. El centro, inaugurado en 2009, acumuló una desviación presupuestaria de 77 millones —desde los 216 previstos hasta 293 millones— tras una serie de modificaciones, errores y retrasos, según la ampliación de la denuncia. En el escrito de la API, el abogado Vicente López Mourelo detalla que dos de las fases de construcción “no fueron sometidas a licitación y se adjudicaron directamente a la UTE que realizó las obras”.

En relación con este asunto, el juez ha dictado otro auto en el que exige a los responsables del hospital que aporten los libros diarios de contabilidad y los registros desde el año 2000, precisamente “para atender al ámbito de la adjudicación y construcción del nuevo hospital”. La resolución también habilita a los peritos judiciales para que soliciten información a la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de las fundaciones. El magistrado acuerda la medida porque, aunque puede afectar al derecho a la intimidad de los implicados, permite avanzar en la investigación, lo cual “es necesario en una sociedad democrática”.