Las licitaciones de obra caen un 90%, el doble que la media española

La tijera de la austeridad se ceba con la inversión pública. Y sus sombras destruyen empleo y lastran la reactivación económica. Las licitaciones del Gobierno, la Generalitat y los ayuntamientos se han desplomado en la autonomía desde la irrupción de la crisis en un 90%, el doble que la media española, según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV), un lobbyque reúne a gigantes como Acciona, FCC o Ferrovial.

El pasado año se licitó en la autonomía el 9,5% (475 millones) de las obras de 2007 (4.978). El Ejecutivo de Mariano Rajoy, inmerso en el ejercicio del control del déficit, protagonizó el grueso del recorte. Redujo en casi un tercio sus licitaciones en las tres provincias: 167 millones frente a los 456 de 2011.

El déficit inversor de las tres Administraciones en la Comunidad Valenciana ha provocado una “deuda pendiente” desde 2000 de 10.605 millones, según una estimación basada en el promedio de gasto por habitante del resto de autonomías. Galicia figura como la más beneficiada, según los contratistas.

Los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy “dejaron de invertir” en la Comunidad más de 2.400 millones en obras desde 2008. Se trata de un “agravio sin precedentes” que se suma a los “problemas” de la financiación autonómica, según Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas. El directivo pone como “mal ejemplo” el comportamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que el año pasado destinó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) un total de 234.000 euros, un 0,35% del gasto del departamento de Miguel Arias Cañete para las nueve confederaciones hidrográficas españolas. La “muerte del sector”, que es como califica esta patronal el desplome de inversiones, tiene una consecuencia directa: la destrucción de empleo. La construcción ha expulsado a 216.600 trabajadores del mercado laboral desde el inicio de la crisis y ha pasado de emplear a uno de cada seis valencianos a transformarse en una actividad que se desfonda por meses y apenas aglutina al 3% de los trabajadores.

“El Gobierno maltrata a la Comunidad Valenciana”, resume Miñés, que defiende la inversión pública como un instrumento de reactivación económica, siguiendo la impronta del New Deal promovido por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt tras la Gran Depresión. El plan contribuyó a la creación de tres millones de puestos de trabajo.

Miñés sostiene que cada millón en obra pública genera 12 empleos directos y seis indirectos. Y propone una hoja de ruta para adelgazar el gasto de las Administraciones. “Se deben reducir los organismos ineficaces, disminuir los políticos y acabar con los asesores nombrados a dedo”, sugiere su paquete de recetas, que circula por algunos despachos del Consell.

Julián López, portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes, afirma que el desplome lastrará la salida de la crisis y la reconversión del tejido empresarial valenciano. “La inversión pública es imprescindible para la competitividad”, advierte.

El profesor del IESE José Ramón Pin califica la inversión de “estratégica” y considera “un revulsivo económico de primer nivel” la ejecución de obras como el corredor ferroviario mediterráneo. Atribuye el descenso de las partidas en la Comunidad Valenciana a la “falta de peso político en Madrid” y la “mala imagen” que atenaza a la autonomía por los escándalos de corrupción.