Un diputado de CiU favoreció los negocios de la trama rusa de Lloret

Xavier Crespo, diputado autonómico de Convergència i Unió (CiU), favoreció los negocios de una red de blanqueo de capitales de la mafia rusa desarticulada ayer en Lloret de Mar (Selva) cuando era alcalde de la localidad, según revelan las actas de los plenos municipales consultadas por EL PAÍS. El Consistorio, pese a las duras críticas de la oposición, perdonó en 2009 a la principal empresa de la trama 133.500 en tributos y amplió la superficie comercial de uno de sus principales proyectos en Lloret, la construcción de un centro comercial en la antigua plaza de toros.

Una operación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se saldó ayer con cuatro detenidos, entre ellos el presunto líder de la trama, Andrei Petrov. Los investigadores consideran que la empresa Development Diagnostic Company (DDC), de la que es administrador, fue utilizada junto a otras sociedades para blanquear, presuntamente, 56 millones procedentes de actividades delictivas. DDC —empresa que en 2009 tenía un activo de 24,3 millones y dos trabajadores— obtuvo la rebaja de impuestos gracias a los votos de CiU y PP, que calificaron de “interés general” las obras, decisión muy poco habitual que solo se justifica, según expertos en urbanismo, por grandes acontecimientos como unos Juegos Olímpicos.

Aunque no figura como imputado, Crespo lleva tiempo bajo sospecha. A principios de 2011, durante el primer mandato del presidente de la Generalitat, Artur Mas, iba a ser nombrado jefe político de los Mossos d’Esquadra. Pero sus aspiraciones se frustraron por causas que no quedaron del todo claras.

Semanas después, la fiscalía presentó una querella contra él, que no trascendió, por sus lazos con la mafia rusa, que encontró en Lloret una puerta de entrada idónea para infiltrarse en el tejido económico y social de Cataluña. En su etapa como alcalde, además, Crespo cobro de un sueldo opaco e opaco de 3.000 euros de la sanidad pública. A última hora de ayer, Crespo dijo que las actuaciones bajo su mandato se hicieron “con legalidad y transparencia”.

Dada su condición de aforado, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el órgano que decidió no admitir la querella porque, al entender de los magistrados, no había suficientes indicios para imputarle. Los investigadores recorrieron entonces el camino a la inversa y pasaron a examinar los negocios ilícitos de la trama. El caso estuvo primero en un juzgado de Blanes y más tarde pasó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Una de las claves para avanzar hacia la posible responsabilidad de cargos públicos está en los documentos y expedientes recogidos ayer en el Ayuntamiento. La Guardia Civil también registró empresas y domicilios particulares. Los investigadores confían en la declaración de alguno de los detenidos.

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo pidió los expedientes de una serie de proyectos urbanísticos bajo sospecha. Uno de ellos es el que permitió a DDC el ahorro tributario: un complejo con centro comercial, parking subterráneo y zona recreativa. Otro de los negocios de más volumen guarda relación con el derribo del hotel Aurora Blanca para construir, en esa zona, otro centro comercial (también con aparcamiento) y una promoción de viviendas. Petrov no se limitaba al ámbito empresarial y había logrado cierta presencia social al financiar los clubes de fútbol y hockey de Lloret de Mar, localidad emblema del turismo de borrachera.

Anticorrupción examinará expedientes sobre proyectos urbanísticos de Lloret

Petrov era el hombre en España de la red de blanqueo rusa. En el registro de su casa, los agentes hallaron un Kaláshnikov. El dinero movido por DDC procedía de organizaciones criminales rusas como Solntsevskaya y Solomnskaya. Una de las empresas investigadas, además, está vinculada a Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, que ofrece una recompensa de 100.000 dólares por su captura. Según los investigadores, antes de desembarcar en Lloret el dinero pasaba por paraísos fiscales.

El líder de la red fue detenido junto a tres personas de su entorno: su padre, Boris P.; su secretaria, Jessica O., y la arquitecta Pilar G., que redactó algunos de los proyectos urbanísticos que más tarde recibieron el visto bueno del Ayuntamiento. Anticorrupción les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho y prevaricación. El lunes declararán ante el juez.

“Solo nos están pidiendo información sobre personas y empresas de Lloret, no sobre políticos ni trabajadores municipales”, explicó el alcalde de Lloret, el convergente Romà Codina, a las puertas del Ayuntamiento. Los grupos de la oposición expresaron sus recelos. En 2009, DDC pidió un cambio de usos para el centro comercial que, a tenor de ERC y PSC, solo beneficiaba los intereses de la empresa, y no de los ciudadanos.