La Cañada Real provoca un nuevo enfado entre Comunidad y Ayuntamiento
El Gobierno municipal de la capital, enojado por enterarse de los planes regionales por los medios, cancela la reunión de hoy con el consejero Jesús Fermosel. Rivas se une al rechazo
El Ayuntamiento de la capital (PP) ha transmitido esta mañana su enojo con la Comunidad de Madrid (PP) por haberse enterado por los medios de comunicación del plan regional para la Cañada Real, “una propuesta en la se venía trabajando a lo largo del ultimo año en unas comisiones políticas y otras tecnicas” y cuya resolución consesuada debía haber estado lista en septiembre pero se vio retrasada por los cambios en el Ejecutivo regional. “No salimos de nuetras sorpresa porque a la Comunidad le haya importado más el tratamiento informativo del tema que el asunto de fondo, que es concertar con las Administraciones publicas, en este caso los Ayuntamientos, una solución definitiva”, ha señalado la concejal de Urbanismo, Paz González. Rivas-Vaciamadrid (IU), otro de ls municipios afectados, se ha sumado a esta queja.
El presidente regional, Ignacio González, ha contestado que el plan presentado “no es más que una propuesta”, y se ha mostrado “dispuesto” a dialogar, “como siempre”, con los Ayuntamientos implicados y con los vecinos; a estos últimos los ve “de acuerdo y dispuestos a participar”.
Coslada da su visto bueno
El alcalde de Coslada, Raúl López (PP), sí se ha reunido esta mañana con el consejero regional de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y ha salido satisfecho: “Hoy se ha vuelto a dar un paso muy importante en busca de solucionar el problema de la Cañada Real”. El municipio tiene apenas 900 metros de vía, un área integrada y homogénea, sin apenas infraviviendas. López ha transmitido su confianza en que la adquisición del suelo por parte de los propietarios se haga “a precios módicos y asequibles”. En el tramo de Coslada viven 927 personas, según el censo por ahora definitivo; sin embargo, el primer recuento oficial realizado arrojaba 1.924 vecinos en 517 viviendas. Según ese informe municipal, había cerca de un centenar de personas habitando en infraviviendas, que deberían ser realojados.
“El Ayuntamiento de Madrid se ha visto sorprendido esta mañana con una información aparecida en los medios de comunicación a través de la cual la Comunidad nos traslada una propuesta. Sinceramente, en este momento no podemos hacer valoraciones sobre el fondo, estamos estudiando las informaciones, entresacando los datos, para saber si la propuesta es consistente o no lo es. Vamos a ponernos en contacto con la Comunidad por si nos pueden pasar alguno tipo de papel o informe, dado que esta misma tarde íbamos a habernos reunido”, ha señalado esta mañana Paz González.
El Ayuntamiento ha cancelado el encuentro que debía mantener hoy con el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, en señal de enfado y hasta conocer el documento del plan regional. Rivas-Vaciamadrid también ha cancelado su encuentro con Fermosel, en esta caso previsto para mañana. Coslada, el otro municipio afectado, sí se ha reunido con el consejero esta mañana, y ha dado su beneplácito al plan regional.
El consejero regional de Presidencia, , Salvador Victoria, ha respondido esta mañana que el proyecto, “una labor titánica” se ha hecho de forma “transparente, abierta y pública”. “A todos los medios se les ha dicho, señores, esta es nuestra propuesta de modelo de desarrollo y que ahora sometemos al examen de todo el mundo. Aquí queremos que todo el mundo pueda opinar, aportar”, ha añadido. Además, ha deslizado que el asentamiento irregular es “fruto de una indefinición en la propiedad y fruto de un descontrol por parte de las Administraciones antes competentes”, es decir, de los Ayuntamientos que ahora se quejan.
La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria que, en un tramo de 14,4 kilómetros a través de la Comunidad de Madrid, está cuajada de viviendas y chabolas construidas todas de forma irregular desde los años 50. Discurre por Coslada (menos de un kilómetro), Rivas-Vaciamadrid (tres kilómetros) y, en su mayor parte (casi 13 kilómetros, con una anchura de entre 40 y 80 metros), por los distritos madrileños de Vicálvaro y Puente de Vallecas.
En marzo de 2011, la Comunidad aprobó una ley, con el rechazo de la oposición (PSM e IU) y de los tres municipios, que permite desafectar esos terrenos e impone que, si en un plazo de dos años (que vence pues en un par de meses) no se alcanza un acuerdo social entre Gobierno regional, Ayuntamientos y delegación del Gobierno (PP), podrá disponer libremente del suelo. Durante el año pasado, se sucedieron en efecto hasta 94 reuniones técnicas y políticas para alcanzar un acuerdo, una vez realizado el primer paso dispuesto en la ley, la elaboración de un censo de habitantes y fincas. En la Cañada vive, según este recuento, 7.725 vecinos: 5.666 en Madrid, 1.132 en Rivas y 927 en Coslada.El censo, sin embargo, ha cambiado mucho en los últimos meses, y aún está abierto a alegaciones.
La Comunidad anunció tras esos encuentros un plan integral para el mes de septiembre. Sin embargo, en la misma semana en la que estaba previsto empezar a reunirse con el resto de Administraciones para comunicarlo, la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, dimitió. Su sustituto, Ignacio González, hizo cambios en el Gobierno regional que afectaron a este temas: el hasta ahora responsable, Salvador Victoria, pasó del área de Asuntos Sociales a convertirse en mano derecha de González como titular de la Consejería de Presidencia y Justicia. Y al frente de Asuntos Sociales colocó a Fermosel. Además, la salida de Aguirre inauguró una etapa de enfrentamientos entre la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y González, por temas como la tragedia del Madrid Arena o la privatización de la sanidad.
Nada más se supo del plan para la Cañada Real. Hasta ayer. La Comunidad convocó a los medios de comunicación discretamente y entregó información superficial al respecto, amén de un vídeo. Para el día siguiente, tenía convocada desde la semana pasada una reunión con los Ayuntamientos de Madrid y Coslada, que se desayunaron con esos datos en los periódicos antes siquiera de haber tenido acceso ellos al informe final. De ahí el enfado de Paz González.
El remedio que propone el Gobierno regional pasa por disponer las condiciones para que “la mayoría” de los vecinos censados compren el suelo donde se levantan sus residencias, algunas construidas tres generaciones atrás. “Ningún vecino tendrá el suelo gratis”, expuso ayer Salvador Victoria, ‘alma mater’ de este plan. El dinero recaudado se destinaría íntegramente a la urbanización de la Cañada. “Sería un desarrollo al menor coste posible, en el que se pavimentaría y se mantendría la alineación de la calle y se soterrarían el tendido eléctrico, el telefónico... No somos una inmobiliaria, esto no es un negocio para la Comunidad", añadió.
Sin embargo, esta propuesta sólo es viable en una parte de la Cañada, precisamente en la menos populosa. El conocido como sector VI, en las lindes de la incineradora de Valdemingómez y, por tanto, en su mayor parte legalmente inhabitable, reúne a 3.473 personas, además del principal mercado de droga de la región. En su primer año como delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes ha aprobado numerosas operaciones contra los búnkers de la droga del sector: en concreto, 15 grandes redadas contra los clanes del narcotráfico, con 100 arrestos y la demolición de 51 chabolas.
“Para el Ayuntamiento de Madrid es el sector más conflictivo, se trata de cerca de 3.000 personas que habría que realojar en otra zona; es la única área en la que no se podría consolidar a las familias”, ha dicho hoy Paz González. “En este momento sólo podemos adelantar que no entendemos bien a que se refiere la Comunidad de Madrid cuando habla de urbanización básica, nos faltan datos y valoraciones sobre la solución del sector VI”, ha añadido.
La Comunidad propone como solución convertirlo en un parque empresarial e industrial que actúe de foco de generación de empleo. La previsión de la propia Comunidad es iniciar un plan de intervención social “que puede durar 10 años”, para realojar a aquellos a los que se prohíba vivir allí. El Ayuntamiento de Madrid ha abandonado la construcción de vivienda protegida, por lo que esa labor recaería en la Comunidad. Realojar a miles de personas llevaría en efecto una tiempo que se mediría en años. Entre tanto, la Cañada Real perviviría.
Rivas, contra la Comunidad
Por el municipio de Rivas transcurren tres kilómetros de Cañada Real, con la particularidad de que, en parte, el tramo coincide por el otro lado con Madrid. Además, según señala el Ayuntamiento, en manos de IU, la vía pecuaria limita con terreno urbanizado (incluso con dos centros educativos), al contrario que en el resto de su recorrido. “Rivas ha trabajado mucho en contra de las mafias de venta de parcelas, de enganches ilegales a la red eléctrica, y contra asociaciones de vecinos no reconocidas”, destacan fuentes municipales. De hecho, ha sido el municipio que más derribos ha instado, aunque la justicia los haya frenado por ahora.
Su alcalde, José Masa, ha cancelado la reunión que tenía prevista mañana con el consejero regional, Jesús Fermosel, tras enterarse por este periódico de las líneas generales del plan de la Comunidad. “Plantear la posible solución a la Cañada sin proponer un plan serio de intervención social es un acto de suprema ignorancia o de barbarie social que olvida la gravedad del problema humano al que se enfrenta. La propuesta filtrada por la Comunidad a los medios supone, de hecho, matar la esperanza que surgió con la aprobación de la Ley de la Cañada o cuando se crean los cauces institucionales para tratar de ofrecer alternativas viables”, ha señalado el alcalde.
Rivas, como también ha defendido el Ayuntamiento de la capital, ve imprescindible aprobar un plan social antes de realizar cualquier iniciativa urbanística. Critica además que, mientras lo primero es competencia regional, lo segundo, que es en lo que se ha centrado en su opinión el plan de la Comunidad, es tarea de los Ayuntamientos. “Proponer, como lo ha hecho la Comunidad, una solución que se basa exclusivamente en el reordenamiento urbanístico, una competencia de los ayuntamientos, no sólo es socialmente regresivo sino que supone un acto de deslealtad institucional para con los Ayuntamientos. Si la única alternativa que nos propone Ignacio González a los Ayuntamientos es ésta, quiero que sepa que siempre nos va a encontrar enfrente”, ha indicado el alcalde al presidente regional.
El último censo de población otorga a Rivas 1.132 de los 7.725 vecinos de la Cañada Real. Es una cifra algo superior al primer recuento, que mostraba 274 familias y 1.038 personas. Según ese informe, el 57% son adultos; el 33% menores de edad; el 3,8% mayores de 65 años. Respecto a su nacionalidad y etnia, el 59% son magrebíes, y el 40% españoles. El 13,5% del total son gitanos, españoles en su mayoría pero con una decena o así de portugueses. Del total de edificaciones, 120 son casas bajas, 65 son chalés, 42 son pisos y 13 son chabolas. Las seis restantes serían, presumiblemente, remolques, aunque en el censo no se especifica. Además, hay 33 locales, 13 de los cuales se utilizan además como vivienda. En concreto, se han censado 17 naves o almacenes, 2 tiendas-bar, 3 chatarrerías, 1 picadero de caballos y 10 establecimientos de otros tipos.
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