La Comunidad da dos años de plazo para ordenar el caos de la Cañada Real

Con la vista puesta en las próximas elecciones, la Asamblea de Madrid dio ayer un empujón a la norma que acabará con el problema de la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa. Una calle de 14 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho en la que viven unas 40.000 personas, según los Ayuntamientos afectados (Madrid, Rivas y Coslada). Los cálculos del Ejecutivo regional reducen a 14.000 los habitantes.

El PP en el Parlamento regional aprobó con su mayoría absoluta el dictamen del Proyecto de Ley de la Cañada Real. La oposición (PSOE e IU) votó en contra. Con esta norma, el PP pretende desafectar el suelo. De esta forma, la vía pecuaria pasará de estar considerada de dominio público a bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid, que podrá "enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos", según el texto normativo. Pero establece un plazo máximo de dos años, en el cual "exige que las Administraciones implicadas alcancen un acuerdo de contenido social" y que las ciudades afectadas ordenen los terrenos. En caso de que no se logre pactar el futuro de las diferentes zonas, la Comunidad tendrá la última palabra para decidir qué hacer en esos suelos. "Se busca un acuerdo social que afectará al urbanismo", explica la consejera de Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.La ley sobre la Cañada Real se aprobará el próximo 10 de marzo en la Asamblea sin el acuerdo de la oposición (PSOE e IU). Entonces, los terrenos desafectados pasarán a ser de la Comunidad de Madrid. Después las Administraciones afectadas (Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos) y las asociaciones de vecinos tendrán dos años para decidir qué hacer en cada zona, si los venden, los ceden o permutan. Este es uno de los puntos que más ampollas ha levantado durante la negociación con la oposición.

En lo que sí coinciden los diferentes partidos políticos es en la complejidad del problema. "Hay cuestiones sociales, de orden público y otros de índole urbanística que afectan a los tres Ayuntamientos", reconoce Carmen Pérez, portavoz de IU en la comisión de Urbanismo. La Cañada Real Galiana es una extensa calle donde conviven asentamientos chabolistas en las que anidan traficantes de drogas y mafias locales con zonas de industrias y chalés. Todo ello, instalado allí de forma irregular. "El Gobierno regional cambia la ley en dos sentidos se establece el plazo de dos años para llegar a un acuerdo entre las partes para determinar qué se va a hacer en cada sitio, y se da entrada a las asociaciones de la Cañada en la mesa de negociación", explica Mariño, quien precisa que el plazo de dos años se fija para obligar a avanzar en la solución del problema. "No pretendemos arreglar la situación de la Cañada en dos años, es una cosa que llevará tiempo. Es un plan a largo plazo", señala.

IU logró ayer colar tres enmiendas en el texto normativo. De esta forma, los Ayuntamientos tendrán derecho de tanteo en el caso de que la Comunidad decida vender los terrenos. Además, las asociaciones de vecinos de la Cañada podrán participar en las negociaciones para decidir qué hacer en cada zona.

Tras casi dos años en fase de estudio, la Comunidad de Madrid sacará adelante la norma a menos de tres meses de las elecciones. Los Ayuntamientos, en un momento de asfixia financiera, tendrán que pagar los planes sociales y urbanísticos que vayan a hacer en cada zona. Deberán hacerse cargo de los servicios municipales, redes de saneamiento, asfaltado... "Les han entrado prisas tremendas por las elecciones", señala la portavoz de IU que reclama "una solución consensuada de una intervención social".

El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Fernández Gordillo, criticó el proyecto. El parlamentario socialista señaló: "Esta ley no define instrumentos para solucionar el grave problema de exclusión social que tiene las más de 20.000 personas que viven en la Cañada. No hay instrumentos de intervención social. No hay instrumentos de ordenación urbanística ni de recuperación medioambiental. Esta ley se limita solo a enajenar y desafectar el suelo. Al Gobierno regional le obsesiona el suelo y no le preocupan las personas y ese es el grave problema", señaló ayer.