Emarsa facturó por tres veces más lodo del que en realidad generaba

Emarsa, la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia y fue exprimida hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, sigue deparando sorpresas sobre la magnitud del fraude. El juez ha incorporado a la causa un informe elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que era propietaria de Emarsa, en la que se comparan la producción y facturación de residuos de la planta en la etapa previa a la liquidación de la sociedad pública, en 2010, y los datos proporcionados por la unión temporal de empresas que gestiona desde entonces la depuradora.

El resultado de la comparación es que en la etapa del saqueo se producía, teóricamente, hasta “dos y tres veces” más lodo. O, como sostiene la acusación popular que representa a los socialistas, que las cifras de producción de residuos se hinchaban para poder pagar más por servicios ficticios. Unos sobrecostes que, según han declarado dos imputados, extrabajadores de la planta y excargos del PP en la ciudad de Valencia, se repartían más tarde en metálico o mediante tarjetas de crédito los máximos responsables de la planta (que incluían al exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo) y del organismo de la Generalitat encargado de la gestión del agua.

Los técnicos de Emshi se remontaron en un segundo análisis, aunque “sin cotejar los datos de las facturas”, a 2007, “confirmándose igualmente el significativo descenso en la producción de residuos a partir del mes de agosto de 2010”, cuando Emarsa fue liquidada y la planta pasó a manos de los nuevos gestores.

El fraude por el volumen de lodos producido —un elemento clave para determinar cuánto dinero público recibía Emarsa— se suma así aparentemente al del precio que la planta pública pagaba por el tratamiento de tales residuos. Varios testigos han admitido que la sociedad pagaba 42 euros por cada tonelada de lodo al empresario que presuntamente repartía después las comisiones y sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional. Este empresario, Jorge Ignacio Roca, no hacía, sin embargo, ningún trabajo, según coinciden los testigos, limitándose a subcontratar a otra empresa que hacía la labor por 18 euros. El mismo coste que dicho tratamiento tiene hoy para la planta.

El informe de Emshi, del que el juez ya ha pedido una ampliación, contiene otro dato revelador, aunque limitado al tratamiento de desbaste. La entidad indica que durante la etapa del saqueo, el transporte del desbaste le costaba a Emarsa 45 euros por tonelada, mientras que Notec, la empresa encargada de llevarlo a cabo, encarecía el proceso en otros 100 euros. “El tratamiento actual de estos residuos”, según señala Emshi que le han trasladado los nuevos responsables de la planta, “tendría un coste aproximado de 75 euros por tonelada”. Esto es, prácticamente la mitad que antes. La entidad metropolitana plantea al tribunal que solicite los datos formalmente.

El inmenso fraude de Emarsa, que el juez estimó “prudencialmente” en 25 millones de euros pero que las acusaciones elevan hasta 40 millones tuvo en el tratamiento de lodos, según va esbozando la investigación, la principal vía de vaciado de fondos públicos. Los responsables de la planta cargaron a la sociedad, además, toda clase de gastos suntuarios, comidas, viajes y noches de hotel.