González no ve incompatibilidad en el ‘caso Güemes’ y rechaza endurecer la ley

El presidente de Madrid, Ignacio González, ha defendido a primera hora de esta mañana el fichaje del exconsejero madrileño Juan José Güemes por una empresa de análisis clínicos que acaba de hacerse con unos laboratorios que él mismo privatizó cuando estaba al frente de la Sanidad madrileña. "Güemes lleva tres años fuera de la consejería", ha vuelto a justificarle González, que ha recordado, como ya hizo el pasado viernes al conocerse la noticia, que la ley de incompatibilidades marca un plazo de dos años antes de pasar al sector privado. Apenas unas horas después y a pesar del apoyo público expresado por el Gobierno regional y por el PP, Güemes ha anunciado su dimisión en Unilabs. Preguntado al respecto en la inauguración de un supermercado, González ha considerado "muy razonable" la decisión de Güemes.

La empresa suiza, para la que trabajaba Güemes desde el pasado junio hasta hoy mismo, compró en noviembre el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Güemes —responsable de Sanidad entre 2008 y 2010— formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

En una entrevista en la cadena SER, González ha señalado que le parece "bien" que los políticos, cuando hayan dejado su actividad, "puedan desempeñar actividades laborales en empresas que han tenido relación con la administración". "Me parece bien, cumpliendo los parámetros legales que están establecidos", ha remachado. Es más, ha opinado que ser consejero de Sanidad de Madrid, "que gestiona el 30% de la sanidad española, le da a uno la capacidad de conocer bastante el sector" y, en su opinión, "tendrá una experiencia que será lo que habrá valorado la empresa" que lo ha fichado como consejero.

"¿Por qué no le parece mal en el caso de Felipe González, Pedro Solbes, Elena Salgado, que han ido a trabajar a empresas sobre las que tomaron decisiones concretas?. Cree que cuando Felipe González privatiza Gas Natural es porque cree que después le van a hacer consejero de la empresa? Porque a mí me parece sorprendente creer eso", ha respondido a las críticas de Pepa Bueno, que le entrevistaba en Hoy por hoy.

Frente a voces que piden un endurecimiento de la ley de incompatibilidades, como la del nuevo líder de IU en Madrid, González ha considerado que es "suficientemente dura" y ha añadido que si hubiera habido un "mal interés" detrás de la adjudicación de los análisis clínicos en la época de Güemes, "se habría puesto de manifiesto" en el momento de la adjudicación. A su juicio, por privatizar o externalizar la gestión de un servicio"no se puede prejuzgar que se hace para que unos años después alguien se beneficie de eso".

En la misma línea y salvando las distancias entre un caso y otro, González ha considerado que es "razonable" que la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, se marche a trabajar al sector privado si le ha surgido la "oportunidad" y está en "otra etapa de su vida profesional". El sucesor de Aguirre ha indicado que las "ventajas" de "ficharla son muchas" y que no le "sorprende" que Aguirre se vaya a una empresa ni le parece "mal" que cuando "uno deja la actividad política en primera línea busque otras formas de realizar su actividad profesional". Así, ha explicado que Aguirre tenía una oferta de una empresa que "no tiene nada que ver con la Administración" y que "se dedica a otras cosas distintas", por lo que le parece "razonable" que si "está en otra etapa de su vida profesional, lógicamente aproveche las oportunidades laborales que le surjan".

En cuanto al conflicto abierto en Madrid por la imposición del copago farmacéutico, ha pedido que no se eleve la anécdota a categoría en los casos de insumisión contra la tasa de un euro por receta, que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional después de que lo haya hecho ya el PSOE. González ha advertido de que la posible suspensión del cobro de la tasa "lo único que hace es que la medida se deje de aplicar hasta que el tribunal se pronuncie". Preguntado por la posible devolución de lo que hasta el momento han abonado los usuarios si estos recursos prosperan, ha señalado que ya se verá cuando se conozca el pronunciamiento del alto tribunal.

“Hasta el día 8 de enero se han expedido 1.800.000 recetas para unas 400.000 personas, es una razón del porqué racionalizar el gasto farmacéutico porque no es normal que una persona vaya con 20 recetas”, ha argumentado González, que ha vuelto a defender su plan privatizador de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud. "Supone un ahorro de alrededor de 200 euros por paciente y las empresas privadas, si quieren ganar dinero, será a través de nuestras condiciones y con una gestión más eficiente", ha señalado, para añadir que "hay cuestiones de gestión que, por la rigidez del sistema público no se pueden hacer". "Propongo que se haga una reforma estructural de nuestro modelo sanitario, es necesario porque el coste de nuestra sanidad no lo podemos pagar", ha sentenciado.