La Generalitat admite que no podría pagar la indemnización por ATLL

Anular la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona tendrá consecuencias de difícil arreglo. Esa es la premisa básica con la que la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la resolución de su Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que obliga a revocar el contrato que certifica la privatización. El Gobierno catalán reconoce en el recurso presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la supresión supondría tener que afrontar una indemnización de “magnitudes extraordinarias” que, dada la situación económico-financiera de la Generalitat, sería de “difícil o imposible reparación”.

El recurso ante el TSJC es el reconocimiento expreso de que las diferentes impugnaciones y recursos presentados por la empresa perdedora en el concurso, Agbar, han puesto en un brete a la Generalitat. El gabinete jurídico de la administración no solo admite la incapacidad para asumir indemnizaciones, sino que también argumenta que la cancelación del contrato tendría efectos sobre su lucha contra el déficit, auténtica “motivación y justificación” de cerrar el acuerdo antes de cerrar 2012, el pasado 27 de diciembre.

El texto remitido al TSJC para defenderse de una posible anulación del concurso avisa que las repercusiones negativas afectarían no solo a la Generalitat, sino también al desfase presupuestario del Estado, complicando todavía más los difíciles objetivos de déficit marcados por la Comisión Europea. Según los cálculos facilitados en el recurso, la Generalitat prevé poder apuntar la totalidad de los 995,51 millones de euros que ingresará en concepto de canon durante los próximos 50 años, pese a que con la firma del contrato solo se aseguró un primer ingreso de 298,65 millones de euros. Esos mil millones supondrían reducir de una tacada el equivalente al 0,51% del déficit catalán, mientras que el déficit estatal se reduciría de forma automática otro 0,09%.

El Gobierno acusa al OARCC de no verificar la oferta de Acciona

La Generalitat cree que el alto tribunal ha de tener en cuenta también “esas razones contundentes” para evitar la suspensión cautelar demandada por Agbar. El Ejecutivo, además, reitera en su recurso la defensa de la mesa de contratación que decidió el concurso y niega que Acciona incumpla el plazo de diez años de ejecución de obras, tal y como denunció Agbar y el OARCC admitió en su resolución “ejecutiva”. En ese capítulo la constructora madrileña recibió cero puntos, por lo que Agbar —que obtuvo tres— consideraba que no cumplía el pliego de condiciones y pedía la anulación del concurso para que fuera adjudicada a la segunda oferta, la suya. El OARCC asumió esa tesis, pero la Generalitat considera que si no se le dio ningún punto fue porque simplemente cumplía lo establecido, mientras que la compañía con sede en Barcelona la mejoraba.

El recurso es especialmente duro con el OARCC, vinculado al Departamento de Presidencia, al que culpa de haber cometido “errores de apreciación” y “en la lectura” del pliego de condiciones, además de acusarlo de “falta de rigor”. La argumentación del Departamento de Territorio se endurece todavía más cuando echa en cara al organismo unipersonal de la Generalitat que su error de interpretación “se hubiera evitado fácilmente si se hubiera comprobado o verificado la oferta técnica de Acciona”. Fuentes de la Generalitat aseguran que el director del OARCC, Juan Antonio Gallo, ni siquiera pidió esa documentación para elaborar su resolución.

La Generalitat advierte de una subida de tarifas del 21% si gana Agbar

En sus ataques, la Generalitat echa en cara al OARCC que levantara la suspensión del contrato semanas antes de firmar el contrato y que se descolgara con su resolución apenas cinco días después de hacerlo, generando un mayor daño a la Generalitat.

La argumentación preparada por el Departamento de Territorio, pilotado por Santi Vila, también advierte que la revocación del concurso tendrá repercusiones sobre la sociedad, ya que la adaptación de las tarifas ofertadas por Agbar supondrá un incremento tarifario del agua de ATLL de un 21,33%, hasta alcanzar los 0,79 euros por metro cúbico. “En términos de facturación anual, la tarifa de Agbar supone que los consumidores en su conjunto tengan que pagar anualmente 30 millones de euros más por su consumo de agua”, sostiene el recurso, que considera “una razón más que avala la necesidad de suspender la resolución del OARCC”.