IU pide que se endurezca la ley de incompatibilidades

En una comunidad con la sanidad en pie de guerra en contra de los planes privatizadores, la noticia de que Unilabs, en cuyo consejo de administración se sienta Juan José Güemes, se ha hecho con el servicio de análisis clínicos de seis hospitales del sur de Madrid ha levantado ampollas. Desde el PP, el Gobierno regional ha defendido al exconsejero de Sanidad, mientras que el nacional ha dicho desconocer el asunto y ha remitido a Madrid porque "son decisiones de otra administración". Estas son las principales reacciones:

IU: su coordinador en Madrid, Eddy Sánchez, ha reclamado un endurecimiento de la legislación sobre incompatibilidades. A su juicio, que el hecho de que Güemes trabaje para Unilabs, aunque ya se hayan cumplido los plazos de incompatibilidad legal, es "una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear", y demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". En este sentido, Sánchez ha señalado que algunos "entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa", y que este caso concreto "huele demasiado a tráfico de influencias".

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha denunciado el "pelotazo sanitario" que supone la privatización de la salud madrileña y del que se está beneficiando Güemes. A su juicio, el Gobierno debe decir si existe conflicto de intereses.

PSOE: su vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha afirmado que "es la prueba evidente de cuál es el interés del PP cuando privatiza seis hospitales y 27 centros de salud". En su cuenta en Facebook, señala que "el negocio es redondo y millonario", en el que "primero privatizan una empresa para años después entrar a formar parte de su consejo de administración". En este sentido, acusa a la "derecha" de utilizar la excusa de la crisis económica para "arrasar con todo y con todos a golpe de tijera", pero precisa que sus acciones no son producto de la inercia, sino que "tienen un objetivo claro: el lucro de unos pocos que hacen negocio con lo que es de todos". Añade que sí "hay una incompatibilidad" y es "ética".

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha considerado "imprescindible que haya una explicación pública" sobre la relación profesional del exconsejero y una de las empresas beneficiadas por sus privatizaciones, y ha acusado al PP de defender intereses privados.

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha insistido en que el PP "quiere hacer negocio con la enfermedad de la gente". "Eso es lo que venimos denunciando desde el principio: la privatización de la sanidad en Madrid no tiene otro objetivo más que hagan negocio unos pocos", ha sostenido el socialista, quien ha explicado que "el problema que tiene la privatización en Madrid es que hay 7.000 millones de euros dedicados a sanidad pública que quieren que pasen a formar parte de la cifra de negocio de unas pocas empresas".

Gobierno nacional: su portavoz, Soraya Sáez de Santamaría, se ha desmarcado del caso y ha remitido a la Comunidad de Madrid para que dé explicaciones. "Corresponde a la administración afectada, y en su caso al afectado, dar las explicaciones que estimen oportunas. Yo no puedo dar ninguna porque desconozco el caso y no le afecta al Gobierno, ni a la Administración General del Estado", ha respondido la vicepresidenta y portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Gobierno regional: en Los Desayunos de TVE. Cuando en el coloquio con varias periodistas se hablaba del recurso del Gobierno de Rajoy al euro por receta madrileño, de las huelgas en la sanidad y del plan privatizador, dos de las periodistas le han afeado a Ignacio González que Güemes sea miembro del consejo de una empresa que ha asumido un servicio que él mismo privatizó. "Dejó de ser consejero hace cuatro años", le ha defendido González. "¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Güemes pueda trabajar en el ámbito sanitario?", se ha preguntado retóricamente, para contestarse él mismo que la ley de incompatibilidades marca que tiene que transcurrir un plazo "de dos años" y han pasado "cuatro".

Ante esta reflexión, las periodistas han reconocido que no es una cuestión de incompatibilidad sino de "ética y estética". "Nosotros no hemos adjudicado nada, ya estaba adjudicado", ha añadido González, que era vicepresidente regional cuando se produjo la adjudicación. González ha vinculado las críticas al "interés" de algunos en "azuzar el conflicto sanitario" y ha dicho no comprender la polémica, ya que la Comunidad de Madrid no entregó la gestión de los análisis clínicos de varios hospitales a la empresa en la que desde el pasado verano trabaja Güemes, sino a otra compañía posteriormente adquirida por Unilabs.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha tildado de "hipócrita" al PSOE por estar criticando al exconsejero cuando, ha dicho, tiene a distintos dirigentes de su partido en los consejos de administración de empresas a las que "favorecieron" en su día cuando gobernaban.

PP de Madrid: la secretaria de Comunicación y portavoz del PP, Lucía Figar, ha asegurado que la pertenencia a consejos de administración de empresas privadas es el "denominador común" de los ex ministros socialistas, por lo que no entiende las críticas que está Güemes.

Equo Madrid: ha reclamado que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio el proceso de "privatización" de la sanidad madrileña antes la informaciones sobre "posibles intereses privados" de ex altos cargos de la Comunidad de Madrid en las "principales concesionarias de esta privatización".

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid: ha denunciado que es un ejemplo más de la "escandalosa mezcla de intereses privados de los responsables de gestionar los servicios públicos", y un ejemplo práctico del "porqué del desmedido interés de los responsables de las administraciones públicas madrileñas en privatizar la sanidad pública", pese a la inexistencia de datos que lo justifiquen. Además, evidencia que "detrás de estas políticas privatizadoras solo están los intereses económicos privados y en muchos casos personales de unos gestores que esperan hacer su carrera y su negocio en el sector privado".