Hacienda desbloquea una partida para pagar a los abogados de oficio

La Junta ha acordado con los colegios de abogados ponerse al día con el tradicional atraso en los pagos para el turno de oficio. La Consejería de Justicia pagará 21 millones antes de finales de marzo para solventar toda la deuda pendiente por los servicios prestados en 2012. El abono aliviará la economía doméstica de 8.000 abogados y procuradores cuyas 200.000 asistencias paga el Gobierno andaluz gracias a la justicia gratuita.

“Los abogados llevaban mucha razón en lo que estaban reclamando. Nos ha costado un esfuerzo enorme pero hemos conseguido que [la Consejería de] Hacienda abra y desbloquee parcialmente el presupuesto aún cerrado para atender estos pagos”, ha explicado este viernes el consejero Emilio Llera. El consejero ha rechazado que las presiones de los abogados hayan influido para acelerar el pago. Especialmente las que se ejercieron en Jerez, donde el colegio de abogados amenazó con reducir su servicio a unos días a la semana en caso de persistir los impagos. “Entiendo las presiones, pero esa postura [del colegio de abogados de Jerez] es incomprensible. Eso no es un reino de taifas donde cada uno va por su lado, sino que la interlocución es el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y no con el decano de una provincia”, ha criticado Llera.

El pago de 21 millones corresponde a los nueve primeros meses de 2012, dentro del servicio de justicia gratuita, para el que la Junta ha vuelto a destinar 44 millones, a diferencia de otras comunidades, que han recortado estos presupuestos. A la reunión han acudido el presidente del Consejo Andaluz de Abogados, José Rebollo, y su portavoz, José Joaquín Gallardo, quienes mostraron su satisfacción por el acuerdo. “El calendario de pago es muy aceptable”, definió Rebollo. “La Junta ha hecho un esfuerzo económico a valorar y a considerar”, ha reiterado satisfecho Gallardo.

La Junta ha destinado 334 milones desde 1997, año en que asumió el pago del servicio de la justicia gratuita. Entre las novedades recientes figura la especialización de los turnos de oficio, uno de los cuales es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de las tratas. Si en 1997 el presupuesto para justicia gratuita llegaba a los 4,7 millones, este año se ha multiplicado por 10 hasta los 44 millones. El último año los servicios del turno de oficio se han disparado, dado que la crisis ha afectado a muchas familias que hasta ahora no debían acudir a estos letrados, pero cuya disminución de ingresos les ha convertido en beneficiarios de este servicio.

Mientras, Llera ha mencionado el “efecto pernicioso” que puede crear la nueva Ley de tasas. Al sobrecargar la jurisdicción penal, los ciudadanos intentarán conseguir por esa vía objetivos propios de la jurisdicción civil pero sin pagar, según el consejero. La Junta planteará en las próximas semanas un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por alterar el acceso a la tutela judicial efectiva. Los expertos en Derecho procesal llaman a este efecto por el que se podría disuadir a los ciudadanos “querellas catalanas”, ha recordado Llera.

Sobre el servicio de orientación jurídica penitenciaria, que prestaban los abogados para aconsejar a los reclusos en las cárceles, y cuya partida la crisis se ha comido, Llera aclaró que el Ministerio del Interior ha suspendido el pago. “Interior no ha autorizado el pago”, ha zanjado el consejero. De momento, los presos carecen de estas visitas hasta que el servicio se restituya en los presupuestos.