Embargados un avión, un helicóptero y 41 fincas del ex edil del GIL Pedro Román

El Tribunal de Cuentas ha embargado, de forma preventiva, un avión, un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil al ex teniente de alcalde marbellí del GIL Pedro Román. La causa de la intervención es un proceso por un alcance contable (falta de justificación) de 108,3 millones de euros en deudas y gastos con fondos municipales.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictó en abril de 2011 una sentencia en la que da la razón al Consistorio y que ordena estos embargos preventivos en un procedimiento en el que fue condenado Román junto a otros exresponsables municipales. Estos fueron condenados de manera solidaria, como exmiembros de los gobiernos municipales del grupo GIL, por un desvío injustificado de fondos públicos de 66,5 millones de euros de principal y 41,8 millones de euros de intereses.

Los bienes de diez sociedades propiedad de Román, "a través de personas interpuestas o directamente", y las fincas embargadas se encuentran principalmente en Marbella (31). El resto se corresponde con una de Estepona, otra de Mijas, cuatro de Madrid, dos de Salamanca, una de Cáceres, y una de Ibiza.

El portavoz del equipo de gobierno municipal de Marbella, Félix Romero, ha informado de esta decisión y la ha calificado de "avance muy importante porque supone una garantía de cobro para cuando se resuelva la apelación" sobre este caso. Hasta que se resuelva el procedimiento, Román tiene prohibido disponer de estas fincas y bienes.

Además, la Audiencia Nacional ha fijado fecha para celebrar el juicio oral por el denominado caso Saqueo II, derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del GIL entre 1991 y 1999, que se celebrará los días 18, 19, 22, 23 y 24 de abril.

Un total de 36 procesados, entre exconcejales, abogados y administradores de las sociedades municipales, se enfrentan a una petición fiscal de 285 años de prisión. Si la primera entrega del caso Saqueo enjuició el desvío de 23 millones de las arcas marbellíes a cuentas particulares, en el segundo capítulo, bautizado también como caso Monteverde, el fiscal elevó las cantidades supuestamente esquilmadas hasta 74,8 millones.

La investigación detectó fraudes a la Seguridad Social de todos los miembros de los consejos de administración y en la facturación de proyectos falsos al Ayuntamiento por unas sociedades del arquitecto Carlos Monteverde.