Intervenidas varias fincas al ex teniente de alcalde de Gil
Una de las últimas medidas adoptadas por el nuevo juez instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, ha sido la intervención de varias propiedades inmobiliarias del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, aunque todas ellas inscritas a nombre de diversas sociedades en las que no figura el que fuera hombre de confianza de Jesús Gil pero sobre las que el juez entiende que existen "indicios racionales" de que es su "verdadero titular".
El 6 de septiembre, el juez ordenó la intervención de una finca en Estepona a nombre de la sociedad Developement Project Sociedad Unipersonal; otras dos propiedades en Salamanca, perteneciente a Promociones Gran Monterrey, y un inmueble en Madrid bajo titularidad de la sociedad Atocha 49.
Román, que fue primer teniente de alcalde de Marbella desde que Jesús Gil ganó las primeras elecciones, en 1991, hasta septiembre de 1998, cuando dimitió, ha acabado siendo uno de los principales imputados en la trama de corrupción en Marbella, aunque por actuaciones realizadas como empresario inmobiliario después de abandonar la actividad política. De hecho, es junto a Juan Antonio Roca, considerado el presunto cerebro de la trama, el único procesado que permanece en prisión preventiva.
La Audiencia de Málaga decretó el pasado octubre su libertad bajo fianza de un millón de euros, la más alta impuesta en este caso, pero Román aún no la ha hecho efectiva.
Recalificación
Román fue detenido el 1 de mayo en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba de un viaje a Suiza junto a su hija, que quedó en libertad. El juez ha decretado su procesamiento por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, fraude y contra la ordenación del territorio. Román, junto al ex comisario de policía Florencio San Agapito y al abogado Juan Germán Hoffmann, igualmente imputados, lograron con el favor de Roca el aumento de edificabilidad de una finca de 523 a 11.000 metros cuadrados.
El fiscal estima que con este pelotazo urbanístico, Román y sus socios causaron al Ayuntamiento de Marbella un perjuicio económico de unos cinco millones de euros. La finca recalificada fue vendida por seis millones de euros al constructor José Ávila Rojas. Según el fiscal, Román ganó en la operación 3,7 millones de euros.
