Opacidad en las contrataciones y ninguna comisión de investigación

El diagnóstico del principal Ayuntamiento valenciano no es mucho mejor, según la organización no gubernamental Transparencia Internacional España (TI). De los 110 Consistorios evaluados por TI, el gobernado por la popular Rita Barberá ocupa el puesto 104 en transparencia en la clasificación de 2012. El gobierno local del PP no ha respondido a sus cuestionarios al considerar que TI no es una organización objetiva.

Las quejas de la oposición desde principio del mandato se suceden. “La animadversión de Rita Barberá a la transparencia es una marca de su mandato”, sentencia el edil socialista Pedro Miguel Sánchez. La última iniciativa del principal grupo de la oposición fue solicitar la creación de una comisión que supervise los concursos para adjudicar las contratas de los servicios municipales. El detonante: que el ejecutivo local mantuvo de un modo ilegal un contrato “inexistente durante siete años”.

Es un ejemplo pero existen otros. Joan Ribó, portavoz municipal de Compromís, denuncia también el obstruccionismo de quien dirige el Consistorio. “Hay 24 peticiones de información, a través de notas interiores, algunas de ellas solicitadas desde el mes de agosto, que no han sido facilitadas por el equipo de gobierno”, explica. Las preguntas sin respuesta afectan a todas las áreas. “No es un problema de un único concejal, es un acto deliberado y consentido por la misma alcaldesa”, agrega. Fuentes municipales se escudan en el colapso de trabajo que supone para los funcionarios responder a las peticiones de información de la oposición, “pero la democracia exige luz y taquígrafos”, replica la oposición.

“La democracia exige luz y taquígrafos”,

Amadeu Sanchis, portavoz municipal de Esquerra Unida, echa en falta un mejor funcionamiento de las Juntas de Distrito Municipales —la terminal más cercana a los vecinos—, donde depende del concejal que esté al frente se tramitan o no las propuestas. Aquí tampoco funciona el open data, una combinación de transparencia y participación y colaboración ciudadana.

Los Ayuntamientos no son administraciones muy dadas a la creación de comisiones de investigación. “No es el ámbito”, reconocen muchos de sus ediles. Pero hay excepciones y los casos de supuesta corrupción que investigan los tribunales —Emarsa, Nóos— lo justifican. En relación con el caso Emarsa, donde se investiga la gestión corrupta de la sociedad pública de depuración de aguas, han trascendido informaciones sobre supuestos regalos recibidos por altos cargos del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos la propia alcaldesa, y a la petición de la oposición de crear un registro de obsequios, el Gobierno local ha respondido “no”, refugiándose en que los grupos negocian una ley de transparencia en España, el único gran país europeo que carece de ella.

La última comisión de investigación que se rechazó en el último pleno del año, el 28 de diciembre, fue la del caso Nóos. Compromís pidió un grupo de trabajo para aclarar la contratación por parte de la fundación local Turismo Valencia Convention Bureau de tres ediciones del evento Valencia Summit al instituto que presidía Iñaki Urdangarin, duque de Palma. Unos eventos que costaron a las arcas de la Generalitat y del Consistorio millones de euros y que son investigados por la Justicia.