¿Hacia una década perdida?

El año 2018. Esa será la fecha en la que nuestras Administraciones conseguirán volver a igualar la cifra que se recaudó en el año en el que se desencadenó la crisis, el 2007. Por lo menos esa es la previsión, no exenta de optimismo, realizada por la Diputación de Bizkaia.

Es una década perdida no solo en la Administración sino en la economía privada de la que se alimenta el fisco. Pero es una previsión que nos hacer ver, blanco sobre negro, la imperiosa necesidad de reformar a fondo la Administración que tenemos y que tan poco nos gusta afrontar. Porque lo que dice esa foto es que, como máximo, el coste de funcionamiento de esa Administración en el año 2018 no podrá ser mayor que lo fue en 2007, lo que parece una tarea imposible.

Y es que en los primeros años de la crisis el bajón de los ingresos se compensó con un disparo del endeudamiento, lo que permitió mantener el volumen de gasto muy confortable. Pero, ahora, ese endeudamiento no puede seguir creciendo, porque está prohibido por la ley y porque no hay quien preste el dinero, así que habrá que ajustar el gasto al ingreso, lo que obliga a elegir sobre donde se rebaja y eso nos lleva a las grandes partidas.

Los últimos datos sobre lo que cuesta el personal al servicio de las Administraciones vascas, los del año 2010, reflejan que el gasto en personal ascendió en ese año a la respetable suma de 5.846 millones de euros, cifra que era 1.000 millones más grande que la que había costado ese personal en 2007. Pero lo malo es que el gasto real es superior, no solo porque hay una parte de las empresas públicas privadas que no están incluidas en ese cómputo, sino porque hay muchos miles de trabajadores, los de las contratas públicas o la de los profesores de los centros educativos concertados por ejemplo, cuyos salarios también los pagan indirectamente los presupuestos y cuyo coste no es el de mercado, sino el de sus homólogos de la administración. Si se computara todo, estaríamos hablando de otros mil millones de euros.

Así que, con una estimación grosera, podemos decir que a día de hoy levantar la persiana le cuesta a nuestra administración unos 6.800 millones anuales en coste de personal, casi el 60% de los ingresos provenientes del Concierto. Por eso es tan importante la política que se adopte sobre el número y el coste individual del personal que trabaja directa o indirectamente para la administración y es tan vital el acertar con la política a llevar en estos próximos años.

Si aceptáramos como hipótesis que en el año 2018 el coste de personal debiera ser el mismo que el que tuvo en 2007, ese coste se debe rebajar en aproximadamente un 20% respecto al de hoy. Y no es casualidad, me parece a mí, que Iñigo Urkullu se atreviera a cuantificar su programa de reducción de la Administración vasca precisamente en un 20%, precisión inhabitual en los discursos de investidura y que yo al menos se lo agradezco.

Ahora solo falta explicar el cómo se va a buscar esa cura de adelgazamiento, porque hay dietas y dietas. Y básicamente hay dos modelos: un modelo busca mantener los servicios al ciudadano, rebajando los costes del sistema por mejoras de la eficiencia, —por ejemplo con eliminación de duplicidades y reducción del absentismo—, pero también con rebajas de salarios. El otro modelo busca sobre todo reducir personal, lo que también se traduce en una pérdida de servicios o de su calidad. Obviamente hay todos los modelos intermedios que se quiera.

El primer modelo lo vienen usando las cooperativas vascas (y también en otras empresas del sector privado) donde ha habido una asunción voluntaria de rebaja de sueldos, en busca de la supervivencia de la empresa. También fue el modelo alemán para afrontar el altísimo coste de absorber la antigua Alemania del Este, con más de una década de congelaciones salariales de los funcionarios y con reparto del trabajo, con menores sueldos, para mantener el empleo.

Pero no es ese modelo el que prima por aquí. Por ejemplo, cuando Zapatero rebajó el sueldo de los funcionarios en un 5%, la respuesta de la Administración vasca, por ejemplo en educación, fue rebajar el salario solo un 2,5% y ahorrar el otro 2,5% suprimiendo contratos interinos o temporales, aunque eso supusiera una pérdida de calidad en la enseñanza. Un segundo ejemplo lo hemos vivido recientemente, con la resistencia numantina de los políticos vascos a aplicar la ley de Rajoy y rebajar la paga extra de los funcionarios en el pasado diciembre. ¿O es que no era mejor solución para crear empleo rebajar el sueldo de los funcionarios en esos 200 millones y destinarlos a fomentar nuevas actividades productivas, que defender a capa y espada unos sueldos que están muy por encima, en general, de sus homólogos en la empresa privada?

El nuevo lehendakari va a tener que marcar el modelo. Y yo espero que opte por el reparto del trabajo, porque creo que con los datos del año 2007 se puede vivir razonablemente bien, aunque sea por debajo de lo que esperábamos. Pero si la foto de 2018 reflejara que ha habido un sector de nuestra sociedad que ha mantenido, e incluso mejorado, su posición en la tabla al amparo de su control de la Administración, mientras amplios sectores de nuestra sociedad quedan tirados por los caminos sin la menor de las expectativas, entonces sí que podríamos hablar de una década perdida para la sociedad vasca.