Cataluña no aplicará el plan de Rajoy para ‘adelgazar’ los ayuntamientos

Ni rebajas forzadas de sueldo para los alcaldes ni vaciado de competencias de los municipios pequeños hacia las Diputaciones. El pacto local que el Gobierno y el PSOE están ultimando y que tiene por objetivo desinflar el aparato político de la administración local quedará en papel mojado en Cataluña. Así lo asegura al menos la Generalitat, que da por hecho que la Ley de Bases de Régimen Local tendrá que dejar Cataluña al margen porque su Estatuto de Autonomía otorga plenas competencias a la Generalitat en materia de organización de la administración local.

Los dos grandes partidos de ámbito nacional ultiman el acuerdo en el Congreso con varias medidas que la Generalitat rechaza. Uno de los aspectos más llamativos de la nueva ley es que se quiere limitar el sueldo de los alcaldes para que ninguno de ellos cobre más que un secretario de Estado, eso es 67.055 euros. Catorce alcaldes españoles cobran más que esto, entre ellos el de Barcelona, Xavier Trias, que con 109.939 euros es el mejor pagado de España. El Gobierno también pretende eliminar las mancomunidades de municipios, clarificar las competencias, reducir el número de concejales y fijar las bases para que los municipios de menos de 20.000 habitantes deleguen servicios en las Diputaciones. Concretamente el Gobierno quiere evaluar la calidad de los servicios que prestan estos municipios para, en caso de no alcanzar un mínimo, obligarles a traspasarlos a las diputaciones.

La Generalitat no quiere saber nada de la mayor parte de estos aspectos. Con 947 municipios, 41 comarcas y decenas de mancomunidades de municipios, Cataluña vería seriamente modificado su organización local en caso de aplicarse a rajatabla la reforma del Gobierno. El director general de Administración Local, Joan Cañada, aseguró ayer en TV-3 que existe la promesa, por parte del Gobierno central, de respetar las competencias y no aplicar en Cataluña la ley española. Fuentes del departamento de Gobernación, que dirige Joana Ortega, reiteraron ayer que la intención es no aplicar la reforma del Gobierno central porque, según recordaron, la Generalitat tiene muy avanzada su propia ley de Gobiernos Locales, que ya va en la línea de la racionalización.

Pero, aunque ni la ley catalana ni la española han visto la luz, ya se adivina un conflicto político de primer orden. Y es que, por ejemplo, la Generalitat rechaza regular por ley el sueldo de los alcaldes, y el texto catalán se limitará a dar unas “recomendaciones” a los ayuntamientos sobre los sueldos de los ediles. También se descarta la supresión de municipios y no hay previsión de reducir el número de concejales. “La inmensa mayoría de concejales no tienen sueldo”, recuerdan fuentes de Gobernación.

El otro choque puede darse en lo referente a las diputaciones provinciales. Mientras el PP quiere reforzarlas con las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes la Generalitat quiere mantenerlas como están. La ley catalana facilitará la creación de más mancomunidades de servicios municipales, algo que precisamente la ley del Gobierno quiere evitar.

De hacerse como quiere el Gobierno central podría darse el caso de que comarcas enteras, especialmente del Pirineo, acabaran delegando sus competencias en las diputaciones, ya que no tienen ningún municipio de más de 20.000 habitantes.

Pero este problema no es, ni de lejos, monopolio de Cataluña. En Castilla y León, por ejemplo, el fenómeno es mucho más acentuado y en provincias como Burgos solo tres municipios superan los 20.000 habitantes.

La otra incógnita es qué ocurrirá con los consejos comarcales. Creados por la Generalitat de Jordi Pujol, CiU siempre se ha sentido muy identificado con ellos, y no quiere que desaparezcan. A lo sumo, la ley catalana eliminará los consejos de comarcas muy pobladas, modificará algunos límites y reducirá la estructura política de los mismos.