El Gobierno permite a Rota cobrar el impuesto a los vehículos de la base

Lo que Rota no ha conseguido por la vía judicial, lo logra por la política. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y el partido independiente Roteños Unidos, ha conseguido firmar un acuerdo con el Ejecutivo central por el que el Consistorio podrá recuperar el cobro del impuesto de circulación a los vehículos de la base de uso conjunto hispano-estadounidense. Así se recoge en un protocolo —que añade una cláusula para negociar el cobro futuro de otros tributos— cuyo contendido ignora una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se negaba al municipio gaditano la potestad legal para recaudar esta tasa. El Supremo considera que el recinto militar está exento de esos pagos como consecuencia de su interés para la defensa nacional.

El carácter netamente político del acuerdo quedó demostrada con la elección del encargado de hacer público el acuerdo. No fue ningún miembro del Gobierno ni del Ayuntamiento, sino el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien durante un desayuno navideño avanzaba la rúbrica entre la alcaldesa, Eva Corrales, y el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Después, lo confirmaba en un comunicado el propio Consistorio, en el que se sostenía que el acuerdo había sido posible gracias a la gestión del que fuera número 2 de Javier Arenas —senador, aunque sin cargo público en ninguna Administración— y de la secretaria general de Coordinación de Haciendas Territoriales, Rosana Navarro.

El protocolo de colaboración permite que el Ayuntamiento roteño recupere el impuesto de circulación de vehículos de la base de los años 2011 y 2012. Rota había dejado de percibir este impuesto con el anterior Gobierno, a pesar, según el Consistorio, de que el cobro de este tributo contaba con una sentencia que le respaldaba desde 1994. El documento, y en eso se basa la importancia de lo suscrito, incluye el compromiso “excepcional” del Gobierno con Rota para que con un convenio global futuro “se resuelvan los problemas derivados de la aplicación de los impuestos locales por la especial incidencia de la base”.

Este anuncio contrasta con el revés que supuso para la ciudad la sentencia del Supremo, conocida hace solo unos días, que niega al municipio la posibilidad de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas y edificios sin uso militar directo, tales como los restaurantes, heladerías, boleras o residencias de los efectivos allí destinados. La reforma del Gobierno de Aznar de la ley de Haciendas Locales en 2002 generalizó la exención de este impuesto para todos los inmuebles ubicados dentro de un recinto de “interés para la defensa nacional”.

Sanz sacó pecho de este logro. “Frente a una sentencia, el Gobierno del PP responde con más compromiso público”, aseguró. “La firma de este convenio es un paso de gigante para el cumplimiento de una demanda municipal de más de una década”.

El convenio no establece una cifra concreta, aunque anteriores estimaciones municipales calcularon que el cobro del impuesto de circulación podría suponer unos ingresos de alrededor de 700.000 euros al año. En un comunicado, el equipo de gobierno local afirmó que el acuerdo “permite restablecer un cobro que le pertenecía al Ayuntamiento y que nunca se debió dejar de ingresar”. “En última instancia, abre una puerta a los derechos que, desde hace años, viene reivindicando la ciudad con respecto a los tributos de la base”. El Consistorio mantiene que recurrirá ante el Constitucional la sentencia del Supremo que le impide cobrar el IBI.

El convenio es único para Rota. No se podrá generalizar a otros municipios como Barbate, que protesta desde hace varios años por las las nulas compensaciones que recibe a cambio de las servidumbres militares.