Sanidad en negro

Supongamos que usted tiene que operarse de la cadera. Y que ha decidido, aprovechando que en la Comunidad de Madrid hay libertad de elección de centro, comparar los resultados de distintos hospitales. Quiere saber en cuáles hay menos infecciones o menos reingresos, por ejemplo. O cuántas operaciones como la suya se hacen cada año. Es cierto que son solo estadísticas, pero permiten hacer una elección más informada. En Madrid no dispone de esos datos. No están a disposición del público. En el Reino Unido, el modelo que copió Esperanza Aguirre para implantar aquí la tan publicitada libre elección, sí. Es solo un ejemplo de cómo una Administración que prometió en 2009 “información transparente, completa y rigurosa” se limita aún hoy a publicar indicadores aproximados (“mejor, peor o en la media”) y sin actualizar.

España es uno de los países más opacos de Europa y de los pocos que aún no tienen una ley de transparencia. Y las lagunas en materia sanitaria son especialmente llamativas, sobre todo en lo que respecta a los modelos de gestión. La Comunidad de Madrid pretende ahora dar un vuelco al sistema sanitario al ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud de una tacada. Y lo hace sin haber acreditado que modelos de gestión privada ya implantados (el hospital de Valdemoro, desde 2007) funcionen mejor que los públicos o que estudios económicos demuestren la mayor eficiencia que espera conseguir ahora con el cambio. Las decisiones sobre gestión pública o privada “tienen fuertes componentes ideológicos pero nulas raíces científicas”, asegura Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economistas de la Salud, que critica la falta de interés de los políticos en impulsar evaluaciones independientes. El problema es que, además de carecer de estos estudios, Administraciones como la madrileña se niegan a hacer públicos sus propios datos y estadísticas. Sin ir más lejos, las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que suponen cuatro de cada diez euros del presupuesto general, ni siquiera se fiscalizan en la Asamblea de Madrid. En los últimos años, a los presupuestos iniciales de sanidad se han añadido en diferentes modificaciones de crédito 800 o 1.000 millones más que el ciudadano no puede saber a qué se han destinado puesto que la ejecución presupuestaria del Sermas no se entrega al Parlamento (ni se publica de cualquier otra forma).

Los hospitales publican anualmente sus memorias. Incluyen datos de personal y actividad, pero no divulgan los de calidad real. Solo hablan de la percibida, es decir, la que se basa en encuestas de satisfacción a los pacientes. De la real (tasa de mortalidad, reingresos, infecciones...) apenas hay información. En la página web del Sermas se pueden descargar las memorias de 2011. Solo faltan los hospitales de gestión privada como la Jiménez Díaz, Valdemoro y Torrejón —el de Móstoles se ha inaugurado en 2012—. Capio publica la extensa memoria de la Jiménez Díaz (de modelo diferente a los otros; se trata de un hospital privado que combina concierto con la pública y actividad puramente privada) en su propia página web. De Valdemoro y Torrejón no se encuentra información: ni siquiera de cuántos profesionales trabajan allí para conocer el ratio médico / cama o enfermera / cama.

La Cámara de Cuentas ha llamado la atención a la Comunidad de Madrid más de una vez sobre la falta de transparencia y de control sobre las empresas que prestan la atención sanitaria y la accesoria. En 2010 un informe de este organismo con datos de 2007 aseguró que no se controlaba suficientemente la calidad de los servicios que prestan entidades privadas o fundaciones a las que la Comunidad deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. “En ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control”, le decía, para garantizar que la asistencia sanitaria “sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos”. Gracias a otro informe de este año de la Cámara de Cuentas se ha sabido que en 2010 la Comunidad restableció el equilibrio económico financiero de las concesiones de los seis hospitales de gestión mixta y acordó pagarles dos millones más al año. Los ciudadanos no se enteraron cuando sucedió. Extrañamente, la referencia del Consejo de Gobierno que lo aprobó no menciona esta cuestión.

El conflicto que vive ahora la sanidad madrileña es otro buen ejemplo de la opacidad de la Administración, que se niega a desvelar estudios independientes o propios que avalen la supuesta mayor eficiencia que conseguiría al ceder a la gestión privada seis hospitales. La Consejería de Sanidad ha exigido a sindicatos y comité profesional que le propongan medidas de ahorro. Pero no les da las cifras necesarias para hacer los cálculos. El día 19, durante la cuarta semana de huelga indefinida, Sanidad se avino finalmente a desvelar algún dato a los sanitarios (nada por escrito).

La Comunidad asegura que los seis hospitales que quiere privatizar le cuestan 600 euros por habitante y año y que quiere ceder su gestión a empresas que cobrarían solo 441 por hacer lo mismo. Los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), basándose en los Presupuestos, dicen en cambio que solo cuestan 380. La clave es lo que se conoce como facturación intercentros: las operaciones o consultas de pacientes adscritos a estos centros que se derivan a otros. Por ejemplo, intervenciones complejas, trasplantes... Sanidad empezó asegurando que esa cantidad aumentaba en un 15% el coste presupuestado —de aquí salen los 380 de los médicos—; después lo elevó al 30%. Ahora ya habla de un 70% (280 millones de euros solo en derivaciones).

El dato ya se le ha vuelto en contra a la Consejería. Supone admitir que inauguró en 2008 seis hospitales que apenas son capaces de atender la mitad de la actividad sanitaria de su población asignada. Pedro de la Oliva, de Afem, explica que han calculado cuántos procesos pueden atenderse con el dinero de las derivaciones (280 millones). Tomando como referencia el coste medio de la unidad de complejidad hospitalaria (UCH) de La Paz, que es de 1.944 euros, le ha asignado 1.500 euros a los seis hospitales de gestión mixta (asegura que los negociadores de la Consejería de Sanidad le dijeron que el cálculo era correcto). Si se dividen los 280 millones por 1.500 resultan 180.000 traslados o derivaciones de estos seis hospitales hasta los tradicionales o de referencia. Sin embargo, resulta que estos seis hospitales solo tienen 80.000 traslados o derivaciones. 

"Es imposible que las derivaciones supongan el 70% del coste real de estos hospitales. Implicaría que no son hospitales sino casas de socorro que lo derivan todo. O los datos son falsos y es más caro privatizar, como defendemos nosotros, o estos hospitales son casas de socorro que nunca fueron necesarias. Creemos que se inventan las cifras porque no pueden demostrar que privatizar sea más barato", explica De la Oliva. Expertos en planificación sanitaria como José Ramón Repullo  consideran directamente “inverosímiles" las cifras de la Consejería de Sanidad.