Granada amenaza con embargar a la Junta tras un revés sobre el metro

La relación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada vivió este martes a un nuevo desencuentro. El intercambio de golpes entre las Administraciones arrancó con la difusión de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se rechaza el recurso del Ayuntamiento granadino contra la retención ordenada por la Junta de 155.511 euros al mes de la participación del municipio en los tributos del Estado por el presunto incumplimiento del convenio para la construcción del metro.

La reacción del gobierno municipal, del Partido Popular, fue rápida y contundente. El concejal de Economía, Francisco Ledesma, anunció primero que el Consistorio no recurriría el auto del 29 de noviembre de la Sala de la Contencioso-administrativo del alto tribunal andaluz, para añadir a continuación que el Ayuntamiento estudiaba el embargo de propiedades de la Junta por valor de siete millones de euros, informa Efe.

El Gobierno andaluz recuerda que no se pueden tocar bienes de servicio público

Según el edil de Economía, la deuda de la Administración autonómica con Granada asciende a 18 millones de euros. De esos 18 millones adeudados por la Junta, siempre según la versión ofrecida por Ledesma, siete se corresponden con deuda “líquida, vencida y exigible” que el Ayuntamiento pretende cobrarse con el embargo de bienes patrimoniales. El concejal aseguró que el Ayuntamiento granadino ha abonado 933.000 euros desde que, en junio pasado, la Junta acordara la retención de sus ingresos a cuenta de la participación en los tributos del Estado.

Ledesma aseguró también que el Consistorio seguía con su intención de denunciar el convenio del Metro si en la próxima reunión para abordar el asunto —fijada para el próximo día 26— la Junta rechazara la adenda propuesta por el Consistorio para conocer: “De dónde van a salir los 600 millones de euros a los se ha elevado ya la cuantía de las obras”.

Para el Ayuntamiento, la única solución pasa por la firma de un nuevo convenio que “enderece” el que está en vigor y clarifique los pagos.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, dijo respecto a la amenaza de embargo de bienes patrimoniales que lo único que podría embargar el Consistorio granadino serían las viviendas que EPSA, la empresa pública de suelo, tiene en Almanjáyar. Según la Administración autonómica, solo pueden embargarse los bienes patrimoniales no afectados al servicio público.

La delegada del Gobierno andaluz en Granada añadió que lo único que pretendía la Junta es que el Ayuntamiento cumpliera con “las obligaciones comprometidas" y que no se adopten medidas que puedan paralizar las obras del Metro”.