La Cámara pide que se acelere la demolición del Algarrobico

El embrollo legal y político para el derribo del hotel Algarrobico a veces tiene capítulos paradójicos, como el que se vivió este jueves en el Parlamento andaluz. Todos los partidos están de acuerdo en que hay que derribar la mole de cemento levantada en una playa del municipio almeriense de Carboneras, que acumula ya varias sentencias contrarias de distintos juzgados. Pero no se ponen de acuerdo en quién tiene que pagar esta demolición.

PSOE e Izquierda Unida sacaron este jueves adelante una iniciativa en la que la Cámara autonómica insta a la Junta de Andalucía a que se dirija al Gobierno central del PP, en concreto al Ministerio de Medio Ambiente, para que “con carácter de urgencia y en el entorno de la colaboración institucional” se propicie cuanto antes un acuerdo entre las Administraciones para acabar de una vez por todas con el hotel y se proceda a la regeneración de la zona. El PP, presidido por Juan Ignacio Zoido, se abstuvo en esta iniciativa que compromete a Junta y Gobierno.

La Junta de Andalucía se agarra al convenio que firmó con el Ministerio de Medio Ambiente, cuando gobernaba el PSOE, en el que ambas Administraciones se comprometían a compartir los gastos de la demolición. En virtud de este convenio, el Estado acometía la demolición del polémico hotel que promueve Azata y la Junta se encargaba de la regeneración del entorno natural. Este acuerdo, sin embargo, quedó en el aire cuando el PP ganó las elecciones en noviembre del año pasado. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo no sentirse vinculado por este acuerdo que suscribió su predecesora, Rosa Aguilar.

Sin embargo, el pasado mes de julio Junta y Gobierno dieron por zanjadas las diferencias y firmaron un nuevo acuerdo que sería la base para el derribo definitivo. En aquel momento, se pactó que la empresa pública Tragsa haría un estudio informativo en el que se detallarían las claves técnicas para la demolición. El derribo de esta mole de hormigón, cuya obra está paralizada por los tribunales desde febrero de 2006, cuesta 7.175.000 euros.

En la iniciativa aprobada ayer, PSOE e IU piden que se fije un calendario para el derribo, que debería “iniciarse a la mayor brevedad posible”. Además, los dos partidos que forman el Gobierno andaluz plantean que se dé voz a los agentes sociales y organizaciones ecologistas, precursoras de los recursos en los tribunales contra el hotel, en este proceso.

La negativa de IU a aceptar que en este acuerdo esté incluido el Ayuntamiento de Carboneras (que siempre ha sido partidario de mantener el complejo hotelero) fue la causa de que el PP se desmarcara ayer de la iniciativa parlamentaria.

Pese al acuerdo firmado este verano, que encauzó el conflicto entre la Junta y el ministerio, la diputada del PP Aránzazu Martín sostuvo que debería ser la Administración autonómica la que pagase los 7,17 millones de euros que costará el derribo. “Podían haberlo parado desde el minuto uno, pero no lo hicieron. ¿Qué precio tuvo romper el futuro de muchos ciudadanos de ese entorno de Carboneras? Porque el PSOE y dirigentes de la Junta prometieron allí trabajo... ¿Qué precio tiene que muchas pymes se vieran abocadas al fracaso tras la paralización de un hotel que según la Junta era acorde a derecho?”, preguntó Martín.

La diputada de IU Rosalía Martín Escobar censuró la economía del ladrillo y pidió que casos como el del Algarrobico no vuelvan a repetirse.