El juez de los ERE amplia el secreto para dar con los “verdaderos beneficiarios”
Investigación a no imputados y posibles delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo
El juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, decidió prorrogar el secreto de sumario sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por la “gravedad” de los delitos y con el fin de identificar a los “verdaderos” beneficiarios de los fondos públicos.
El juez decidió prorrogar el secreto de sumario con el objetivo de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. Con la prórroga del secreto, únicamente la Fiscalía Anticorrupción podrá tener acceso a las actuaciones.
Fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que solicitó al juez que decretase el secreto sumarial de las actuaciones, petición que fue aceptada por Iván Escalera “teniendo en cuenta que se interesan” por parte de la Guardia Civil “investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias” que se interesan.
Una vez transcurrido el primer mes de secreto, el juez se reunió con los fiscales Anticorrupción y con agentes de la UCO a fin de decidir sobre la prórroga de dicho secreto, que finalmente decretó una vez “atendidas las razones esgrimidas por la UCO, que evidencian la gravedad de los delitos investigados; la abundante documentación pendiente de análisis y la concreta identificación de las personas que hayan podido ser los verdaderos beneficiarios de los fondos públicos”.
El presidente de la Cámara de Cuentas añadió que el juzgado encargado les ha solicitado “un informe más amplio” y que se les ha advertido para que tengan “cierta prevención” ya que ese documento no ha sido aprobado y todavía no es definitivo.
Todo ello “ha impedido que se puedan concluir las diligencias dentro del plazo inicialmente acordado”, esgrime el juez sustituto de Mercedes Alaya, que continúa de baja por enfermedad, por lo que “procede prorrogar el secreto” de las actuaciones “para que se completen dichas investigaciones, pues persisten las mismas circunstancias que motivaron la inicial declaración de secreto”. Estas circunstancias “no se describen en la resolución, pues frustraría su finalidad, que no es otra que el interés de la Justicia, estimando que la medida acordada es totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos”, punto en el que insta a la UCO “para que emplee la máxima diligencia”.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López Hernández, defendió ayer en Granada la actuación de su institución en la comisión de investigación sobre los ERE irregulares del Parlamento andaluz. López recordó que envió a este órgano el informe definitivo sobre este asunto, que analiza los expedientes desde 2001 a 2010.
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