El Gobierno cifra la ‘herencia’ que deja a Urkullu en casi 800 millones de euros

El Gobierno en funciones ha hecho público hoy el escenario de sus finanzas, apenas días antes de abandonar el poder, para evitar que el próximo Ejecutivo le pueda achacar males de los que no se siente responsable. En una comparecencia inusual, el consejero de Economía en funciones, Carlos Aguirre, ha presentado los principales datos presupuestarios (deuda, tesorería y ejecución), para que no quede ninguna duda de que la herencia que deja al próximo Ejecutivo, que tomará posesión la semana entrante, resulta sustancialmente diferente a la que recibieron los socialistas en 2009.

El estado de las cuentas ha sido un recurrente motivo de enfrentamiento entre PSE y PNV durante toda la legislatura de Patxi López y posiblemente se va a seguir arrastrando cuando el primero deje el Ejecutivo.

Iñigo Urkullu va a tener que hacer ajustes porque la recaudación sigue cayendo, “pero no nos va a poder achacar” ese asunto, dijo Aguirre, tras culpar al PNV de haber evitado una reforma tributaria que le podía haber proporcionado en 2013 unos 700 millones de euros adicionales para compensar la exigencia de reducir el déficit desde el 1,5% máximo del actual ejercicio al 0,7% (en torno a otros 700 millones).

El Ejecutivo socialista va a dejar en la caja 784,38 millones de euros para el aterrizaje de Urkullu, y ya empezado el nuevo año podrá contar con los 540,6 millones de los aplazamientos de pagos que ha concedido a las Diputaciones. Concretamente por ese concepto ingresará 417 millones en enero, y 123,6 más el 15 de febrero.

Pero además el nuevo Ejecutivo dispondrá de una capacidad de endeudamiento ya aprobada por el Ministerio de Hacienda y por el propio Parlamento vasco por otros 119,69 millones que el Gabinete saliente no ha usado.

Al final, Aguirre citó una ratio de déficit del 1,46% que mañana se habrá reducido dos décimas más tras la decisión de no pagar los 208 millones que supone la extra de los funcionarios. Esa cifra rebajará el déficit al 1,2%, tres décimas menos de lo exigido por la UE y por el Gobierno central.

Aguirre: “No tenemos capacidad de meter facturas en el cajón”

También está computado en ese déficit el que pueden incorporar los 67 millones para completar el gasto de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el déficit de Osakidetza de unos 40 millones y las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, otros 30 millones.

Una situación que el consejero estimó a años luz de la que recibió en 2009. “Es cierto que el PNV dejó en diciembre de 2008 un total de 1.600 millones de euros de remanente”, pero según describió Aguirre, se esfumaron sin que pudieran catarlos. De esos 1.600 millones el PNV utilizó 500 para cuadrar las cuentas de 2008, y otros 500 más para nuevas habilitaciones de créditos para gastos que ejecutaron hasta marzo. Quedaban 600 millones. ¿Cuál fue el problema? Que la recaudación cayó en 2009 un 24%, 3.000 millones prácticamente. Con los 600 millones que quedaban apenas si se cubría una parte. El Gobierno socialista sí nació con un agujero de 2.400 millones de euros.

Tal es así que el Ejecutivo se marchó de vacaciones de verano en 2009 —había entrado en mayo— con serias dudas de poder hacer frente a semejante problema. Todos los partidos llegaron a un acuerdo para aceptar el endeudamiento y de forma paralela se empezó a recortar el gasto corriente y a ajustar las inversiones.

En cuanto al anuncio de Urkullu de que encargará una auditoría externa de las cuentas en cuanto empiece a gobernar, Aguirre opinó que el PNV “puede pedir las auditorías que quiera”, pero recordó que la contabilidad es pública y que la Intervención General del Estado ha dado por buenas las cuentas del Gobierno vasco.

El consejero en funciones insistió una vez más que el Gobierno del PNV no se va a encontrar ni facturas en el cajón ni pagos diferidos a los presupuestos de 2013 porque no lo permite la contabilidad. “No tenemos capacidad de meter facturas en el cajón, no existe la posibilidad de que pidamos a un proveedor que me ponga fecha de 2013, no es factible, ya que las facturas se contabilizan y se pagan sin más”, enfatizó.

Euskadi reclama al Gobierno central un total de 798 millones por discrepancias en el Cupo

“Además de ser malas personas tendríamos que ser muy listos para hacerlo, ya que tendríamos que engañar a la Intervención General del Estado, lo que no es nada fácil, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y al Banco Europeo de Inversiones”, añadió el director de la Oficina de Control Económico, Javier Serrano.

Por otro lado, las discrepancias contables entre el Gobierno vasco y el central ascienden ya a 798 millones de euros. Esa factura, que Madrid debería abonar al Ejecutivo autonómico es fruto de las diferencias de criterio que mantienen las dos administraciones sobre diversas competencias que habrían de ajustarse a través del Cupo, pero que una y otra se descuentan de los sucesivos flujos dinerarios que están obligadas a hacer. Si el pasado juio esas diferencias derivadas de diversas competencias transferida ascendían a 511,1 millones de euros, la cuenta sigue agrandándose cada mes que pasa hasta un 56% más en apenas seis meses.

Si las negociaciones para renovar la próxima ley quinquenal del Cupo —la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores o la Casa Real— ya son complicadas de por sí, a la dificultad de su cálculo se suman discrepancias contables en otras materias.