Deslealtad y mezquindad política

La propuesta del anteproyecto de la LOMCE en lo relativo a la enseñanza de las llamadas lenguas cooficiales es muy grave desde distintos puntos de vista.

Desde un punto de vista puramente constitucional, con un artículo 3.3 en que literalmente se lee que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, la deslealtad del actual planteamiento del proyecto de ley es flagrante: en absoluto puede considerarse especialmente respetuoso y menos aún protector que se relegue a las lenguas cooficiales de diversas y amplias comunidades del Estado a una jerarquía curricular residual, con efectos evidentes de debilitación de su ya delicada salud social.

Si tomamos la perspectiva política, se percibe un triste olor a mezquindad; la mezquindad, para empezar, de una propuesta legislativa de lamentable coherencia, con declaraciones anteriores del ministro como la célebre de querer “españolizar” a los niños catalanes o la de disponerse a aprobar “con consenso o sin él” su reforma educativa; por una parte, pues, algo tan mezquino como someter la educación a objetivos nacionales: por qué no reconocerlo, a objetivos de estricta formación del espíritu nacional, puro arcaísmo ideológico, por decirlo suavemente, y desde luego nada propio de una pedagogía democrática. Y, además, con la prepotencia tan detestable en política educativa de despreciar de entrada el consenso, cuando es sabido que la inmensa mayoría de la comunidad educativa se siente víctima de un vaivén legislativo abusivo y falto de generosidad dialogante entre las fuerzas políticas y entre estas y la ciudadanía. Y mezquindad, también, por factores de oportunidad como retener el anuncio de este anteproyecto agresivo contra la tradición pedagógica de la democracia en Cataluña —su política de inmersión lingüística amplísimamente consensuada durante décadas y sus buenos resultados en el dominio de las dos lenguas, catalana y castellana— hasta después de pasadas las elecciones catalanas; entre tanto, la presencia del PP en Cataluña durante la campaña simuló una hipócrita —por lo que ahora se ve— declaración reiterada de amor a Catalunya y los catalanes. ¿Amor mezquino? Sería un oxímoron: en tal encuentro gana siempre la mezquindad.

¿Y qué decir desde la perspectiva cultural? Es increíble que todo un ministro del Gobierno de España sea capaz de demostrar su incultura con este ejercicio de ignorancia del valor y la necesidad de protección de las otras lenguas que la propia Constitución tuvo la decencia de considerar literalmente “patrimonio cultural” de toda España. Por lo visto, la idea de patrimonio cultural que habita en la cabeza de un ministro que dice de sí mismo que primero habla y después piensa es de una altura perfectamente descriptible. En términos puramente culturales, lo razonable sería, por mera sensibilidad hacia este patrimonio, que no solo no se rebajara el tratamiento curricular de las lenguas cooficiales en su propio territorio, sino que se programase curricularmente por todo el territorio español el conocimiento preciso y extenso de tal patrimonio y se informara seriamente de su uso real, de su plena dignidad y de sus grandes valores literarios. ¿Cuánta de la incomprensión que tanto alimentó el PP en su campaña general contra el Estatut —la que sentimos hoy los catalanes al viajar por España— se debe a la falta de información escolar sobre nuestro pluralismo lingüístico que, sin duda alguna, cualquier país culto del mundo, cualquier ministro culto, promovería con entusiasmo? Pero parece mucho pedir a quienes invocan la Constitución sectariamente —solo para lo que les conviene—, a quienes practican políticas de mezquindad, a quienes, vergonzosamente incultos, desprecian cuanto ignoran.

Joan Manuel del Pozo es profesor de Filosofía de la Universitat de Girona y fue consejero de Educación y Universidades de la Generalitat (2006).