Marbella exige nuevas condiciones de deuda a la Junta para evitar un ERE

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) trató ayer de derivar a la Junta de Andalucía la responsabilidad sobre un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el consistorio, que cuenta con 3.200 trabajadores. El Ayuntamiento exigió ayer al Gobierno andaluz que amplíe a 40 años el plazo de devolución del llamado “anticipo reintegrable”, el préstamo extraordinario de 100 millones de euros que la Junta otorgó a la ciudad en octubre de 2006 tras la disolución del consistorio cinco meses antes con motivo de la Operación Malaya contra la corrupción.

El coordinador de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Marbella, Carlos Rubio, del PP, anunció ayer en rueda de prensa que si la Junta concede esta ampliación, el equipo de gobierno municipal “se compromete” a que el plan de ajuste que debe redactar el Ayuntamiento para aprobar los presupuestos de 2013 “no incorporará ninguna medida adicional que afecte al personal”. De lo contrario, afirmó Rubio, el plan de ahorro forzoso contendrá “medidas en materia de personal”.

El Ayuntamiento pretende que los grupos de PSOE e IU aprueben en el Parlamento de Andalucía una enmienda del PP a la Ley de Presupuestos de la Junta para el próximo año. Esta modificación pasa por ampliar de 10 a 40 años el plazo de devolución del anticipo reintegrable. Si los partidos que comparten el gobierno autónomo aceptan las nuevas condiciones, el Ayuntamiento no tendrá que “hablar de nada, ni de ERE ni de ajuste del convenio”, dijo Rubio.

El consistorio pretende obtener del Gobierno andaluz las mismas condiciones que ya logró del central para el abono de la deuda de 270 millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda. Una disposición adicional —la número 71— a la Ley de Presupuestos Generales del Estado permite al Ayuntamiento marbellí un plazo máximo de abono de esta cantidad a 40 años, frente a los dos años a que obligaba Hacienda y los cinco de la Seguridad Social. Además, los intereses de la deuda se rebajaban del 5,5% al 1% y se permitía pagar la deuda con bienes incautados en las diversas operaciones contra la corrupción en la ciudad. La decisión estatal fue calificada de discriminatoria por el anterior presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, del PSOE. Curiosamente, tras la dimisión de este a finales de noviembre, la máxima representación de los alcaldes andaluces recayó en la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP.

El plan de pagos del anticipo reintegrable contempla el abono de 12 millones de euros en 2013, 17 millones en 2015, 21 millones en 2015, casi 28 millones en 2016 y cerca de 30 millones en 2017. Estas cantidades, según Carlos Rubio, “serían inviables sin que afecte al personal de la institución”. Frente a ello, el coordinador municipal afirma que las condiciones que ha dado el Estado permiten pagar a Hacienda y la Seguridad Social conjuntamente dos millones de euros en lugar de los 38 que se preveían antes de la disposición adicional.

Los grupos municipales de PSOE e IU, en la oposición, pusieron ayer el grito en el cielo ante esta propuesta. El viceportavoz socialista, Ricardo López, declaró a Europa Press que es una “falta de respeto a los trabajadores” enterarse de un posible ERE mediante una rueda de prensa y pidió a Rubio que “sea él el primero en marcharse”. Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Monterroso, exigió a Ángeles Muñoz que “no traslade su responsabilidad política a la Junta”.