Boi Ruiz tendrá que explicar la privatización del CAP de L’Escala

La polémica no abandona a Boi Ruiz, consejero en funciones de Salud, ni en periodo de tránsito entre dos legislaturas. La oposición en bloque votó ayer para que comparezca y dé explicaciones sobre la privatización de la gestión de un centro de atención primaria (CAP) y siete consultorios del área básica de salud de L’Escala. ERC, PSC, ICV y PP votaron para que Ruiz acuda a la Diputación Permanente del Parlamento en una fecha todavía por determinar.

La solicitud de comparecencia, realizada por ERC, PSC e ICV, se aprobó por 11 votos a favor y nueve abstenciones. El grupo mixto no estaba presente cuando se produjo la votación. El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha adjudicado mediante concurso público a Eulen, una empresa multinacional de servicios empresariales, la gestión de un área básica de salud que comprende nueve municipios y da servicio a más de 16.000 personas. Lo hizo a pocos días de las elecciones, dejando fuera a la fundación que hasta ahora gestionaba los centros, la Fundació Salut Empordà.

Eulen obtuvo una mayor puntuación en el concurso público convocado por la Generalitat, aunque la diferencia con respecto a la fundación fue muy pequeña. En el pliego técnico no se valoró la experiencia de la entidad como gestora de los centros sanitarios de atención primaria ni su papel como directora del hospital comarcal de referencia, el de Figueres. Salud justifica la decisión en la legalidad del procedimiento, ya que la norma no impide que cualquier empresa se presente a estos concursos y los gane, algo que ha sucedido ahora por primera vez.

Tanto ERC como ICV han anunciado que pedirán en la nueva legislatura que se modifique la ley para que casos como este no se puedan repetir. La fundación ha anunciado que presentará alegaciones. Los alcaldes de los nueve municipios afectados —L’Escala, Bellcaire d´Empordà, Albons, Viladamat, Ventalló, l´Armentera, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador y Vilamacolum— aprobaron ayer una moción de rechazo a la privatización.

El procedimiento de contratación “debería haber sido restringido a empresas públicas, fundaciones, patronatos u otras entidades del sector sanitario, sin ánimo de lucro”, declararon los alcaldes, que pidieron una reunión “urgente” con Ruiz.