Irene Rigau denuncia “el mayor ataque al catalán desde 1978”

La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha denunciado que el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) “es el mayor ataque al catalán desde 1978” y atenta contra el modelo de escuela catalana porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular que quieren para sus hijos. “Nunca un texto del ministerio había menospreciado tanto el catalán”, ha asegurado en la tarde del lunes la consejera en una rueda de prensa convocada de urgencia para valorar esta ley que “rompe el modelo de escuela en catalán” e invade competencias autonómicas. Rigau ha informado de que el proyecto establece que los padres podrán escolarizar a sus hijos en escuelas privadas en castellano y pasar la factura a la Administración catalana si esta no garantiza una proporción ajustada entre el catalán y el castellano y que establece que las pruebas de comunicación y expresión de los alumnos se tendrán que hacer en la lengua materna.

“Es un ataque a la línea de flotación porque el texto establece que los padres podrán escolarizar a sus hijos en castellano o en catalán y es un modelo separador, que deja al catalán como residual”, ha denunciado la consejera. Según Rigau, es un texto que “da un tratamiento totalmente residual al catalán, es ofensivo contra el catalán, es un texto de involución”. La consejera ha explicado que el texto del proyecto establece tres categorías de materias, la troncal, que incluye la lengua castellana y una lengua extranjera, la específica, que incluye la segunda lengua extranjera, y la de especialidad, “donde colocan al catalán, que pasa a ser la cuarta lengua en la enseñanza primaria”. “Es una ofensiva contra el catalán como nunca, ni ningún ministro se había atrevido en toda la Democracia”, ha aseverado Rigau.

La consejera ha explicado que en el proyecto de la Lomce, el Estado se reserva el derecho a evaluar las diferentes etapas de la enseñanza y de hacer la prueba de “competencia comunicativa”, que es la que examina a los alumnos sobre su manera de exponer, entender y razonar. Según Rigau, el texto especifica que esta prueba, que hasta ahora se hacía en catalán, se haga “en la lengua materna”. “Este es un concepto que es la primera vez que se introduce, ni lenguas cooficiales, ni lengua propia, lengua materna, lo que demuestra, además, poca reflexión porque en estos momentos lenguas maternas hay unas cuantas en Cataluña”, remarcó la consejera.

“La noticia impensable es que el texto dice que mientras las CCAA no determinen qué materias se imparten en catalán y cuáles en castellano, los padres tienen derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos”, ha agregado. El borrador de la ley también habla de “equilibrio y proporción razonable” entre el catalán y el castellano y hay otros aspectos que “invaden competencias”, según la consejera. “Es un texto hasta ahora escondido y lo han hecho público una vez celebradas las elecciones en Cataluña, por eso entendemos que hay una estrategia política que está en la línea de otros temas vividos”, ha denunciado la consejera.

Lo que dibuja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es algo parecido a una reforma low cost del sistema de enseñanza. “El coste estimado de implantación de la ley es muy limitado”, se señala en el análisis del impacto económico del proyecto de reforma que el Gobierno discutirá hoy con las comunidades autónomas.

Pero es una reforma de bajo coste para el ministerio, que asumirá solo la financiación de la implantación de la norma, que, según el texto, durará dos cursos. Pero el coste de la fase de consolidación —que tiene como objetivo el aumento de la tasa de titulados— lo soportarán las comunidades.

El departamento de José Ignacio Wert tiene previsto que la reforma se implante a partir del curso 2014-2015. Y el ministerio espera que en 2015 la norma no le genere gastos añadidos. Al revés, vaticina un ahorro en el sistema educativo de 3,8 millones gracias en gran medida al “nuevo diseño curricular de Bachillerato”.