8.000 dependientes y 5.000 empleos están “al límite” por la deuda del Consell

Los centros agrupados en Aecas, organización integrada por 65 empresas de dependencia de la red pública y concertada, han denunciado que unos 8.000 usuarios -más de la mitad de ellos grandes dependientes- y cerca de 5.000 trabajadores se encuentran "al límite" por la deuda de 70 millones de euros que mantiene con ellos la Generalitat valenciana.

Así lo ha afirmado el presidente de Aecas, Marcos Penadés, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el secretario general de la FSS CC OO-PV, Arturo León, y el secretario del Sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la FSP-UGTPV, Miguel Usó. De este modo, el acto ha reunido a patronal y sindicatos, lo que refleja la "extrema gravedad" de la situación por la que atraviesa este sector, han recalcado.

El colectivo reclama a la Administración autonómica que pague los 70 millones de euros que adeuda a estos centros, ya que en 2012 "únicamente ha abonado la mensualidad de enero", lo que ha llevado a estas empresas de atención a mayores a una "situación crítica". De hecho, alguna de las entidades asociadas "lleva dos meses sin poder pagar la nómina de sus empleados", ha aseverado Penadés.

"Las facturas no pagadas por la Consejería de Justicia y Bienestar Social derivan de contratos administrativos con asignación presupuestaria y llevan sin ser abonadas desde el mes de enero de 2012, lo que ha provocado que estas entidades deban a su vez pagos a tanto a su personal, como a proveedores y entidades financieras", inciden desde Aecas.

Ante estos retrasos, los empresarios y los representantes sindicales están promoviendo diversas acciones de protesta, como el envío al presidente de la Generalitat de una "carta de amparo" y reuniones con los grupos parlamentarios en las Cortes para que lleven el problema a la cámara autonómica.

La situación, subrayan, es especialmente sensible teniendo en cuenta que, de los 8.000 usuarios a los que atienden estos centros, el 77% son "tutelados por parte de la administración, con declaración de incapacidad o auto de internamiento". "Es decir, que dentro del área de la discapacidad, estamos con lo más frágil, con la gente más necesitada", ha remarcado el presidente de la asociación.

Calendario de pagos

Los afectados reivindican, en primer lugar, que el Consell establezca de forma inmediata un calendario de pagos, que es lo primero que piden los bancos para facilitar la liquidez que permita a las empresas "salir de este atolladero".

Igualmente, demandan "el mismo trato" que a las empresas concertadas de otros ámbitos, como la educación o la sanidad. "No nos parece de recibo que un concierto de prestación de servicios que debía tener la misma consideración que los sanitarios o educativos no se sepa con qué periodicidad se abona", ha apostillado Arturo León.

Además, han lamentado que estos centros de la red pública y concertada se encuentren en una "segunda división de pagos" y sufran "discriminación", puesto que hay otros entidades del sector que, "a pesar de no tener el soporte contractual que da tener un acuerdo firmado con la presidencia de la Generalitat, tienen la suerte de cobrar antes". Por ello, solicitan que se establezcan "criterios de racionalidad porque no puede ser que unos soporten todas las cargas y otros tengan un mejor trato".

En la misma línea, los representantes sindicales han recalcado que con los impagos "se está poniendo en peligro" a los centros "más modernos y que acreditan de sobra los requisitos exigidos" por la administración para prestar esta atención integral, así como un importante yacimiento de empleo.

En este sentido, recuerdan que en los centros de Aecas trabajan 4.850 profesionales —entre médicos, enfermeras, ATS, etc.—, que componen asimismo un colectivo altamente feminizado. Tanto es así, que "el 95% de estos trabajadores son mujeres y menores de 27 años", ha finalizado el responsable de Aecas.