Urquijo da ya el primer paso para impugnar la extra “por cualquier vía”

Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, no ha querido dejar pasar ni un día. En el momento en el que ha confirmado, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno vasco, en concreto su Dirección de Función Publica, ha dado la orden para librar la paga extra de Navidad a los 70.000 funcionarios y empleados dependientes del Ejecutivo, ha solicitado al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que impugne ese acto “por la vía que se considere oportuna”.

Urquijo remitió ayer mismo una carta a Beteta en la que argumenta que los decretos ley, como el que anuló en julio la paga extra para todos los funcionarios, son legislación básica y, por tanto, de obligado cumplimiento también para las comunidades autónomas. El delegado considera por ello irrenunciable recurrir la decisión al Tribunal Constitucional.

La carta llega 24 horas después de que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que depende la citada Secretaría de Estado, apostara por ir a los tribunales, lo que hará, eso sí, inmediatamente después de que se abone la paga.

El ministerio ya advirtió al Ejecutivo vasco, en un último intento por frenar su decisión, que librar esos casi 208 millones de euros puede suponer incurrir en un delito de prevaricación y que si adopta alguna resolución al respecto podría recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Además, hacía extensiva la responsabilidad a los funcionarios que firmen el correspondiente libramiento de las cantidades, además de a los responsables políticos de la medida.

Egibar se distancia

En su carta, Urquijo ahonda en la tesis de que la decisión del Gobierno vasco en funciones “vulnera la legislación básica del Estado”. En ese sentido, señala que el Ejecutivo tomó dicha determinación pese a la “claridad y rotundidad” del real decreto de julio.

Y cita para justificar su actuación el artículo 23.6 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Ese texto incluye entre las competencias de los Delegados del Gobierno en las autonomías “velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes”.

El Gobierno de Patxi López argumenta que, al no haber podido legislar una modificación de sus presupuestos para eliminar el pago de la extra, “está obligado” a abonarla. El decreto de Mariano Rajoy llegó en julio, cuando el Parlamento de Vitoria se encontraba de vacaciones. Poco después, López adelantó las elecciones y la Cámara se disolvió. La consejera de Educación en funciones, Isabel Celaá, insistió ayer en que “la decisión del Gobierno está fundamentada”.

Un aliado inesperado le llegó ayer al Ejecutivo. El portavoz parlamentario del PNV y presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, sostuvo en una entrevista en Radio Euskadi, en contra de la tesis de su homólogo vizcaíno, Andoni Ortuzar, que “hay argumentos para defender el pago competencialmente, tal y como se ha esgrimido por parte del Gobierno vasco y por parte de otras instituciones”.

Al igual que el Gabinete y que el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, Egibar diferenció el caso del primero del de las Administraciones locales y forales, al considerar que en este segundo grupo la norma estatal sí obliga a no pagar la extra.

Mientras, los funcionarios y los empleados laborales de la UPV seguirán con la incertidumbre al menos un día más. El rector y candidato a la reelección, Iñaki Goirizelaia, presentará hoy su programa y avanzará su plan de recortes para adaptarse a una nueva etapa de menos ingresos. “Es posible que también hable de la paga”, indicaron fuentes próximas al rector.